Ciudadanos y abogados se oponen a las nuevas tasas judiciales

La nueva ley de tasas judiciales, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, ha entrado en vigor este jueves pero, de momento, no se aplicará. El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha explicado que la liquidación de las nuevas tasas se practicará una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique "en las próximas semanas" una orden que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación.

En cualquier caso, la nueva norma establece que los ciudadanos deberán pagar por primera vez la tasa en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. Así, las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.

Lo Social contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso. En el orden jurisdiccional Civil, la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario.

Con un ejemplo práctico, un divorcio sin complicaciones podría suponer unos 1.200 euros. "Si pago el divorcio no pago la hipoteca, y si pago la hipoteca no pago el divorcio", se queja una ciudadana.

El PSOE ya ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional. "Este Gobierno ha diseñado una justicia de dos clases: una para aquellos que tienen recursos y otra para pobres", ha afirmado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez. Tampoco están de acuerdo abogados, jueces y fiscales: "Va a suponer una limitación importantísima al ciudadano, que no va a poder acudir a los juzgados".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que las tasas están "plenamente justificadas", son plenamente constitucionales y tienen el objetivo de racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional y financiar el sistema de Justicia Gratuita.

Las tasas alcanzan ahora no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. Están exentos del pago quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar y sean beneficiarios de la Justicia Gratuita, al igual que el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas, las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.