Tania Sánchez ha acudido a los Juzgados de Arganda del Rey para comparecer en calidad de imputada por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación en el marco de la querella interpuesta por el PP contra ella, su hermano y su padres, quienes también han desfilado ante la magistrada.
A Tania Sánchez se le acusa de adjudicar en la época en la que era concejal de Cultura de Rivas un contrato a su hermano por valor de 137.000 euros por un servicio de talleres educativos de formación. Tras manifestar que está "tranquilísima", ha subrayado que ha explicado a la juez "las falsedades" puestas por el PP en la querella, insistiendo en que se trata de "un tema jurídico" basado en las mentiras del PP.
Tras ello, su abogado defensor, Gonzalo Boye, ha señalado que "toda la querella se sustenta en falsedades" en alusión a "las personas que participan o no en la fundación de una asociación, en unos contratos que supuestamente eran ilegales y se ha demostrado que estaba todo perfectamente claro".
Además, ha recalcado que todas sus respuestas están apoyadas en documentos que obran en la causa. "El siguiente paso lógico es el sobreseimiento y después la exigencia de las responsabilidades en las personas que han hecho daño a Tania", ha dicho.
"En el punto 35 del orden del día, había un expediente para ser aprobado. Todos los concejales presentes aprobaron por unanimidad ese expediente. Lo que Tania ha dicho es que no sabía que ese expediente en concreto incluía a una asociación en la cual su hermano participaba. Evidentemente el PP tuvo la oportunidad en ese Pleno de decir algo porque los expedientes están perfectamente informados por los gabinetes técnicos y asesores", ha reseñado.
De este modo, ha recalcado que lo que se hizo fue aprobar "aquellas propuestas que venían correctamente informadas por los técnicos". "Hay una memoria para ser aprobada y tú no revisas las 500 páginas. Eso lo sabe cualquier persona que asiste a un ayuntamiento. Lo que hicieron todos los concejales fue aprobar ese expediente", ha dicho. Tras las explicaciones de su letrado, la excandidata a la Comunidad ha señalado que no quería hablar más, dado que durante seis meses ha dado todas las explicaciones políticas que se le han exigido.
"Las acusaciones están fundamentadas en falsedades, que han quedado demostradas en la declaración. Y por tanto, a la espera de la decisión de la jueza y dar por finiquitado este asunto. Yo lo que siempre he dicho es que no podía creer que un juez me imputara un delito que no existe y todavía eso no ha pasado", ha subrayado.
