Las medidas aprobadas en la Comisión de la Reconstrucción por el coronavirus

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Las medidas aprobadas en la Comisión de Reconstrucción del Congreso por la crisis del coronavirus

La Comisión del Congreso para la Reconstrucción social y económica ha aprobado las medidas de su grupo de trabajo con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Teruel Existe. Las han rechazado el PP, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu.

La Comisión del Congreso para la Reconstrucción social y económica ha aprobado este viernes las medidas de su grupo de trabajo con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Teruel Existe, y el rechazo del PP, Esquerra Republicana, Junts, EH-Bildu.

El BNG. El PNV, Coalición Canaria y el PRC se han abstenido. A partir de ahora, será el Pleno del Congreso de la semana del 20 de julio el que vote los últimos cambios a este plan con las medidas económicas respaldadas por el Congreso para afrontar la recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Desbloquea los superávit de los ayuntamientos

Entre las medidas aprobadas más relevantes, la Comisión ha votado, en contra del criterio del PSOE, desbloquear los superávit municipales acumulados en 2019 y 2020, no aplicar la regla de gasto en los ayuntamientos hasta 2022 y eliminar las condiciones al rescate de empresas, como no repartir dividendos en dos años y no operar con paraísos fiscales.

"La mochila austriaca"

Además por un error de Unidas Podemos en una votación que han tratado de rectificar, sin éxito, la Comisión ha avalado aplicar un sistema similar al de la 'mochila austriaca' para nuevos contratos, con un fondo de capitalización al que los trabajadores puedan recurrir en caso de despido, cambio de empresa o jubilación.

La 'mochila austríaca' trata de sustituir total o parcialmente la indemnización por despido por una «hucha» donde el trabajador guarda las aportaciones que hace la empresa por él (del 1,53% sobre el salario bruto) y se las puede llevar si cambia de empresa. De esta forma se fomenta la movilidad laboral entre empresas, aunque los más críticos con esta medida aseguran que también abarata el despido.

Simplificación tipos de contrato

En materia laboral, a propuesta de Ciudadanos se ha incorporado la necesidad de contar con un nuevo sistema de perfilado estadístico en la formación laboral, independientemente de si se da situación de desempleo o no, con propuesta de itinerarios personalizados. También se ha incluido un compromiso para impulsar la simplificación de los tipos de contrato, a propuesta del PSOE y el PNV, y se ha eliminado con esa enmienda la propuesta de Compromís para estudiar la reducción de la jornada laboral.

Reforma del Regímen Especial de Autónomos

A iniciativa de ERC, el PSOE y Unidas Podemos han acordado la reforma del RETA, con el objetivo de establecer una cotización según los ingresos reales y la despenalización de las acciones desarrolladas por los piquetes en una huelga.

Vivienda, control al alquiler

En materia de vivienda, el PSOE, Unidas Podemos y Cs han acordado el estudio de medidas para contener "subidas abusivas del alquiler" con carácter temporal y de forma "excepcional" en zonas urbanas de mercado "tensionado" y "teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales".

La España digital

A propuesta de Teruel Existe, la Comisión ha incluido como medida de reconstrucción un plan de conectividad para extender el acceso de 100 MB a todo el territorio antes de 2025, y a propuesta de Más País la aprobación de una Ley de Financiación de Transporte Público, con un plan estratégico nacional de infraestructuras ciclistas.

No habrá impuesto para los ricos

Por otro lado, además de la derogación de la reforma laboral de 2012, la Comisión también ha rechazado la creación de un nuevo impuesto sobre la riqueza, tal y como proponían fuerzas como Esquerra Republicana o EH-Bildu, con el rechazo del PSOE y del PP, y el apoyo de Unidas Podemos.

También se han rechazado otras propuestas, como la creación de una 'tasa Covid' temporal para empresas y personas con mayor capacidad, un impuesto a la banca, y la derogación de determinados elementos de la reforma laboral para recuperar la ultraactividad indefinida de los convenios, o la autorización administrativa necesaria para poder aplicar un ERE.

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