La legislatura llega a su fin sin que los diputados hayan rendido cuenta de sus actividades extraparlamentarias

El Congreso va a poner fin a la XIII Legislatura sin que los diputados hayan rendido cuentas sobre las actividades extraparlamentarias que han compaginado con su escaño, lo que supone que durante cuatro meses han podido realizar tareas ajenas a la Cámara sin contar con autorización alguna para ello, con el consiguiente riesgo de incompatibilidad.

Cuando los diputados se acreditaron como parlamentarios después de las elecciones del 28 de abril, tuvieron que informar a la Cámara Baja de sus labores al margen del Congreso. De modo que tuvieron que explicar si pensaban continuar ejerciendo su profesión (por ejemplo la abogacía es una actividad muy común entre los diputados), si iban a formar parte de tertulias políticas, escribir libros o si tenían previsto ser concejales u ocupar cualquier otro tipo de cargo local o autonómico.

Toda la información recabada es analizada posteriormente por la Comisión del Estatuto del Diputado, órgano encargado de autorizar o no la compatibilidad de esas actividades con el escaño. Entonces elabora un informe al respecto que debe ser votado después en el Pleno del Congreso.

Esa comisión se constituyó el 30 de julio con la socialista Begoña Nasarre como presidenta y un representante de cada grupo parlamentario, tal y como fija el Reglamento. Sin embargo, nunca se llegaron a reunir y, por tanto, no elaboraron ningún informe por lo que los diputados que hayan desarrollado actividades fuera de la Cámara, lo habrán hecho sin la aprobación del Congreso, pudiendo haber incurrido incluso en alguna irregularidad si han compatibilizado dos labores legalmente incompatibles.

Y los que repitan seguirán sin control hasta 2020

Pero todavía hay más: aquellos parlamentarios que formen parte de la Diputación Permanente, los que mantendrán su escaño a pesar de la disolución de las Cortes, podrán seguir con esas actividades sin pasar por ningún control hasta la víspera de la constitución del nuevo Congreso, algo que se prevé que se celebre en diciembre.

Si además vuelven a obtener un escaño, podrán sumar unas semanas más hasta que la hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado de la siguiente legislatura dé o no el visto bueno a las mismas.

Lo que sí se ha publicado porque no necesitaba pasar por la Comisión del Estatuto del Diputado, son las declaraciones de bienes y patrimonio de los 350 diputados elegidos el 28 de abril. La Mesa del Congreso autorizó en junio la difusión en la web de la mayor parte de ellas y la última, la del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, salió a la vuelta del verano.

Además, la Cámara se va a disolver sin haber hecho públicas las declaraciones de intereses que sus señorías tuvieron que entregar tras ser elegidos, tal y como establece el Código ético que debía aplicarse por primera vez en esta legislatura fallida.

Estas normas de conducta que la Cámara aprobó el pasado mes de febrero, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), obligan a su señorías a publicar sus intereses económicos particulares, detallando las actividades privadas que les han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado.

Los regalos y contratos laborales, tampoco

Asimismo debían dar cuenta de las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales que pudieran reflejar algún tipo de interés económico. El Código incluso abría la puerta a que los diputados se inhibieran en votaciones sobre asuntos donde pudiera haber conflicto.

También tendrían que dar a conocer en su agenda diaria sus reuniones con grupos de influencia o 'lobbies' y rechazar todos los regalos que no sean de mera cortesía o de familiares.

Sin embargo, ninguno de estos datos se ha público y ni siquiera se ha creado la Oficina de Conflicto de Intereses, que debía asesorar a sus señorías y a la propia Mesa de la Cámara sobre la aplicación de este código y comprobar la información sobre sus intereses aportadas por sus señorías. La capacidad de investigar sobre los mismos estaba reservada a la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que tampoco le ha dado tiempo ha hacer esta tarea.