El juez Ruz sienta en el banquillo a los once acusados por el caso Pretoria

El juez Pablo Ruz ha abierto juicio oral para 11 imputados en la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, entre los que destacan el exdiputado socialista Luis Andrés García, los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz. En el auto de apertura de juicio oral notificado este miércoles, el juez impone fianzas por un total de 102 millones de euros -oscilan entre los 30,1 millones y los 25.920 euros-, que corresponden a las multas solicitadas por las acusaciones incrementadas en un tercio, tal y como establece la ley, y les da diez días de plazo para depositarlas.

La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, presentado el pasado 29 de diciembre, pidió penas de 6 años y 10 meses de cárcel para Alavedra y Prenafeta y multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero. Entre multas y decomisos reclamó que los 11 acusados pagaran 93 millones de euros. Con esta decisión, Ruz lleva a juicio esta causa que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en la que llegaron a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad fueron exoneradas a lo largo de la instrucción.

De lo investigado, se concluye que la supuesta trama de corrupción urbanística estaba liderada por Luis García, Luigi, para quien el fiscal pide 8 años de cárcel, y se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Además de los ya citados, Ruz lleva también a juicio a Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan y María Lluïsa Mas Crussels (esposa de Prenafeta), todos ellos por tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales.

Las fianzas más abultadas impuestas por el juez corresponden a los principales acusados: Luigi (30,1 millones), Prenafeta (18,2 millones), Alavedra (13,7), María Lluïsa Mas Crussels (12,6 millones). Para el juez ha quedado acreditada la existencia, entre 2000 y 2009, "de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña", en concreto de la provincia de Barcelona, "bajo la intervención principal del imputado" Luis García.

Todo ello, prosigue Ruz, "a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen". Con ese fin, los imputados hicieron uso de complejos entramados societarios de entidades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y en cuentas en Suiza y Andorra.

En el caso de Alavedra y Prenafeta, cuantifica en 6.080.405 euros y 14.984.865 euros, respectivamente, las ganancias generadas, en parte por comisiones. Respecto de Luis Andrés García sus ganancias ascendieron a 5.886.925 euros y las de Bartomeu Muñoz a 1.728.064. Cantidades cuyo decomiso reclama también la Fiscalía en su escrito de acusación. En el auto, Ruz desglosa tres operaciones urbanísticas de la trama en los municipios de Santa Coloma de Gramenet, San Andreu de Llavaneres y Badalona. Una de esas operaciones, la denominada Pallaresa, se desarrolló en el municipio de Santa Coloma entre 2001 y 2009 y en ella intervinieron Luis García, Valera, Muñoz, Dobarco y Singla, quienes "puestos de común y previo acuerdo, tras conocer el proyecto urbanístico que iba a realizarse en dicha localidad, planificaron y decidieron manipular e intermediar en la adjudicación y modificación de los usos de terrenos públicos afectados".

Todo ello, "con claro perjuicio para el Ayuntamiento" y con el objeto de "venderlos a un tercero con quien previamente ya habían pactado su enajenación a cambio de la obtención de importantes beneficios". En esta como en las otras dos operaciones investigadas, Niesma en San Andreu de Llavaneres, y Badalona -en la que se enajenaron terrenos del Puerto Deportivo de Barcelona, empresa con la que Luis García "mantenía una estrecha vinculación"-, Ruz describe una dinámica similar de uso de influencias para conseguir adjudicaciones de terrenos. El modus operandi consistía siempre en cambiar el adjudicatario y recalificar los terrenos para venderlos a un precio superior a cambio de "cuantiosas comisiones" y con perjuicio a los Ayuntamientos afectados.