Jueces y fiscales protagonizan un paro simbólico y amenazan al Gobierno con convocar una huelga si no retira las reformas

Este miércoles, la justicia española ha parado durante diez minutos. No ha sido una huelga general, pero sí una protesta en los juzgados y tribunales de todo el país. Los jueces y fiscales exigen al Gobierno respeto a su trabajo y rechazan las reformas que pretenden modificar el acceso a la carrera judicial y la estructura de la Fiscalía.

A las puertas del Tribunal Supremo en Madrid, se han reunido más de cien jueces y fiscales. Entre ellos, había miembros de la Audiencia Nacional y de las fiscalías especializadas en drogas y corrupción. La concentración ha sido apoyada por ciudadanos que, con pancartas como "Familia Castejón, todos a prisión" y gritos de "independencia judicial", han querido mostrar su respaldo a los profesionales de la justicia.

El motivo de este paro simbólico ha sido por el impulso del Gobierno de dos proyectos de ley que pretenden modificar el acceso a la carrera judicial y la estructura de la Fiscalía, y que, según los convocantes, buscan debilitar el Poder Judicial como contrapeso al poder político, y que no descartan que se convoque una huelga.

La protesta ha sido convocada por cinco asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Todas ellas coinciden en que las reformas del Gobierno amenazan la independencia judicial y pueden facilitar la politización de la justicia. "Se va a rebajar la excelencia de conocimientos con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país", ha leído Basilio Alcón, de la AJFV, en una de las concentraciones.

Fátima Beardo, de la APM, ha sido contundente al afirmar que "somos el único contrapeso y quieren intentar manejar la carrera judicial a su antojo". Por su parte, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha denunciado que "es una situación que desacredita a la Fiscalía", en referencia a la polémica por el procesamiento del Fiscal General y las críticas políticas a la labor judicial.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha exigido que se respete la independencia judicial, tras las críticas de ministros al magistrado del Supremo. "Reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial", ha declarado.

Las resoluciones judiciales, añadió Perelló, "pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pues nos ayudan a mejorar, pero no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial".

Además, insistió en que "las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado, en cuanto que minan la confianza de los ciudadanos", ha advertido antes de subrayar "que todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza en las instituciones democráticas que nos dio la Constitución".

El Ejecutivo pide "respetar al máximo"

El Gobierno, por su parte, ha respondido a través del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha asegurado que respeta el trabajo de "la inmensa mayoría" de los jueces, aunque no ha dicho "de todos": "Debemos respetar al máximo a los jueces y magistrados de nuestro país el trabajo que hacen con imparcialidad e independencia". También ha insistido en que las reformas buscan modernizar la justicia y cumplir con las recomendaciones europeas para acabar con la interinidad en la judicatura y la fiscalía.

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