La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, y sustituye el término 'imputado' por 'investigado' comenzará su tramitación parlamentaria tras rechazar el Congreso las siete enmiendas a la totalidad.
Todas las enmiendas fueron presentadas por el PSOE, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, con las que solicitaban la devolución al Gobierno de los dos proyectos de ley que modificarán la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, así como la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Unas reformas "reflexivas" y "dialogadas" en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha defendido los objetivos de las mismas: agilizar los procedimientos penales, fortalecer las garantías procesales, promover la regeneración democrática y ser más efectivos en la lucha contra la corrupción.
Catalá ha desgranado durante su intervención algunas de las novedades de esta reforma, entre las que destacan la limitación la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos.
Los plazos podrán ser ampliables hasta alcanzar los 36 meses, si bien la instrucción podría prolongarse "sine die" (sin límites) pero siempre a instancias del fiscal y no del juez. Catalá ha reiterado que debería aplicarse como norma general que "cada delito tuviera un procedimiento" a fin de evitar "eternos procesos judiciales" y "macrocausas que entrañan una dilación inaceptable".
Además, la nueva ley sustituye el término 'imputado' por 'investigado' en la fase de instrucción, que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación para desterrar, según Catalá, "la carga peyorativa de la que jurídicamente le corresponde".
Por otra parte, se regula por primera vez el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico, pero sin la posibilidad de que Interior intervenga comunicaciones sin autorización judicial previa, como así recogía el anteproyecto de ley.
