El Congreso ha dado el visto bueno a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, como proponían PP y PSOE, que coinciden en la necesidad de aprender de los errores cometidos con el Estatut.
Esta figura jurídica, derogada en 1985, permite paralizar la entrada en vigor de una reforma estatutaria una vez aprobada por el Congreso de los Diputados hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva el recurso y avale o no la norma. El portavoz del grupo popular, Alfonso Alonso, ha defendido la conveniencia de evitar que se repita el error del Estatuto de Cataluña, cuando el TC tuvo que pronunciarse sobre una norma ya aprobada por un parlamento y sobre la que ya se habían pronunciado en referéndum los catalanes.
Alonso ha reprochado al PSOE el "error" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por comprometerse a aprobar el Estatut que saliera del Parlament, y se ha felicitado de que ahora sí haya sido posible el consenso con los socialistas. Para el portavoz popular la reforma mejorará la calidad democrática sin mermar principios constitucionales ni competencias de las autonomías, porque "hará que las decisiones sean plenamente congruentes con la Constitución", más fuertes y perdurables.
Sin embargo, Alonso cree que esta modificación no debe aplicarse a leyes que se encuentran ya en tramitación y no deben paralizarse, como pide el PSOE en el caso del Estatuto de Castilla-La Mancha. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha reprochado al PP que no aplique ese criterio a otras reformas como la de la justicia universal, que sí se aplicará a las causas abiertas en la Audiencia Nacional.
