ERC planea la 'fórmula Montenegro' para la independencia de Cataluña, con un 50% de participación y un 55% de 'síes'

El Gobierno ya ha acordado con ERC una modificación del Código Penal que rebajará las penas de prisión por la malversación, y que podrá ser aplicada a los líderes del independentismo catalán que permanecen en la cárcel. Pero los independentistas catalanes no se conforman y quieren más, decididos a lograr el punto principal de su programa político: un referéndum que permita la independencia de Cataluña para constituirse como un Estado diferente a España.

Para ello, ERC ha propuesto aplicar doctrinas similares a las que hubo en Montenegro en el año 2006, donde un 55,5% apoyó independizarse de Serbia. Según han explicado los independentistas catalanes, su propuesta de referéndum consistiría en que participara, al menos, un 50% de los censados en Cataluña, que al menos un 55% de ellos apoyara el 'sí' a la independencia, y abriendo la puerta a que menores de 16 y 17 años también pudieran votar en el referéndum.

Sin embargo, las cifras tienen un truco, el cual está basado en los porcentajes. Si votara solamente el 50% y el 'sí' fuera apoyado por el 55%, solamente el 27,5% de los catalanes habría votado a favor de la independencia, con un 45% de los votantes en contra y la otra mitad de Cataluña sin haberse pronunciado. Un ejemplo de ello fue la consulta soberanista de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014; en esta votación, el 80,76% de los votantes apoyaba un referéndum con independencia incluida. Sin embargo, el truco estaba en el total de votantes: solo un 37,02% de los censados votó diferentes opciones, por lo que la primera opción fue votada en realidad por el 29,89% de los catalanes, con más de un 70% que, o bien votó otras opciones, o no había participado.

Las diferencias con Montenegro

Aunque el independentismo se ciñe a la independencia de Montenegro para proponer su plan, hay diferencias considerables que se demuestran en los datos de aquel referéndum. En primer lugar, participó hasta un 86,5% de los votantes, muy superior al tope mínimo que proponen los independentistas catalanes. Por otro lado, el 'sí' superó el 55%, llegando al 55,5%, y había un acuerdo de varios años de antelación, cuando Yugoslavia pasó a llamarse Serbia y Montenegro, para que dicho referéndum se pudiera realizar.

Este acuerdo se materializó con una modificación de la Constitución de Serbia y Montenegro, antigua Yugoslavia, para resolver las disputas territoriales e históricas que no se resolvían. Era en el artículo 60 de la Constitución, desde 2003, donde se daba permiso a dicho referéndum, en el cual decía: "Tras un período de 3 años, los estados miembros tendrán el derecho a comenzar sus procesos para cambiar su estatus o para separarse de Serbia y Montenegro. La decisión de independencia de la Unión de Serbia y Montenegro deberá ser realizada en un referéndum, el cual deberá ser aprobado por alguno de los estados miembros teniendo en cuenta estándares democráticos que sean reconocidos internacionalmente. Si Montenegro decide separarse de Serbia y Montenegro, los instrumentos legales internacionales correspondientes a la República Federal de Yugoslavia, en particular la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, concernirán y serán aplicados totalmente a Serbia, en su calidad de sucesor. El estado miembro que haga uso de este derecho, no conllevará el derecho a ser reconocido a nivel internacional y todos los litigios serán dirigidos separadamente entre el estado sucesor y el nuevo estado independiente".

En España, la Constitución no permite en ninguno de sus artículos un referéndum de independencia y, de hecho, en el segundo artículo de la Carta Magna ya se dice que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Para modificar la Constitución, habría que disolver las Cortes Generales, convocar elecciones, que el nuevo Parlamento apruebe la reforma con el apoyo de dos tercios de la Cámara y la nueva propuesta sea sometida a referéndum, donde todos los españoles deben votar, tal y como reconoce la Constitución en su artículo 1.2., donde indica que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

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