El considerado 'número dos' de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha culpado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones de que no hayan investigado quién del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) ordenó a empresarios pagar a través de facturas falsas la organización de actos electorales en 2007 y 2008 que la formación política contrató con la empresa de la red corrupta Orange Market.
Así lo ha expuesto Margarita Crespo, abogada e hija de Pablo Crespo, durante su exposición del informe de conclusiones en el juicio por la presunta financiación irregular del PP liderado por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps durante las campañas para la elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
La defensa de Crespo, que ha pedido su absolución, ha resaltado que ninguna acusación en este procedimiento, es decir, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, ni la acción popular ejercida por el PSOE valenciano ha mostrado "interés alguno por indagar" quién del PPCV pidió a los empresarios que sufragasen su deuda con Orange Market, "y a cambio de qué favores". "Y nos quedaremos sin saberlo", ha añadido.
Para la abogada, nueve patronos valencianos han llegado a una conformidad con Anticorrupción "a cambio de no hablar de lo que es de verdad corrupción". Algo que supone "discriminatorio" para el 'número dos' de la Gürtel porque, según ha dicho, "ha hecho un esfuerzo mayor" y ha colaborado durante todo el procedimiento "en la medida que ha podido" para luego no verse beneficiado por parte de la acusación con la posibilidad de que se le aplique una atenuante.
