Chaves, Zarrías y Viera renuncian a sus escaños en el Congreso tras ser imputados en los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, el exconsejero de Presidencia andaluz Gaspar Zarrías y el exconsejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera han comunicado este jueves su decisión de renunciar a sus respectivos escaños en el Congreso tras conocer que el Tribunal Supremo les ha imputado en el caso de los ERE fraudulentos de la administración andaluza.

Así lo ha anunciado en el Congreso el secretario de Organización del PSOE, César Luena, quien ha explicado que la dirección del partido ha aceptado sus renuncias y ha recalcado que de esta forma el PSOE cumple el compromiso que había adquirido de que dejarían sus escaños si el Supremo les imputaba.

Con gesto serio, Luena ha comparecido ante los medios poco después de conocer la decisión del Tribunal Supremo para anunciar la decisión de Chaves, Zarrías y Viera de renunciar a sus escaños.

"Me han comunicado que ponen sus actas a disposición de la dirección del partido y por tanto el partido las acepta", ha declarado.

El 'número dos' del PSOE ha recordado que éste fue el compromiso del partido y así se ha cumplido. De hecho, ha explicado que no ha hecho falta que la dirección del PSOE les pidiera la renuncia porque ellos se han adelantado pero ha aclarado que, en caso de que no hubiera sido así, se lo hubieran exigido.

"Un gesto que les honra"
"Como número dos del partido tengo que reconocer que es un gesto que les honra --ha insistido Luena--. No ha hecho falta pedírselas porque conocidas las resoluciones las han puesto a disposición de la dirección del partido y la dirección del partido por supuesto acepta esa decisión".

Sin embargo, ha dicho que el PSOE no se plantea suspenderles de militancia, ya que el código ético del partido alude sólo a los cargos públicos o cargos orgánicos, que en este caso no ostentan ninguno de los tres afectados. El Código Etico que el PSOE aprobó el pasado mes de octubre no habla de la exigencia de responsabilidades en el momento de la imputación.

Este documento fija en la apertura de juicio oral la línea roja y señala que, en ese momento procesal, cualquier cargo público u orgánico deberá dimitir y solicitar su baja voluntaria del partido.

En caso contrario, advierte de que será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.