Fondos Europeos
Bruselas pide España que reparta los fondos conforme a lo pactado con la UE pero evita comentar el recurso de Ayuso
Isabel Díaz Ayuso recurrió ante el TC el reparto, por parte del Gobierno, de parte de los Fondos de la UE destinados a paliar el impacto de la Covid. Madrid y otras comunidades consideran "poco transparente" dicha distribución
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado una cruzada contra el reparto de 9 millones de euros procedentes de los fondos europeos para la lucha contra el impacto del coronavirus en la economía que la UE ha adjudicado a sus estados miembros.
Ayuso anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo el reparto de esta partida al considerar que el Gobierno de Sánchez la ha llevado a cabo "de forma poco transparente y a dedo". El líder del PP, Pablo Casado, refrendó ayer esas palabras en 'Espejo Público' al tiempo que mostraba su apoyo a la presidenta 'popular' y aseguraba que el Ejecutivo central podría haber incurrido en un delito de prevaricación.
Acontecimiento de "naturaleza nacional"
Por su parte, la Comisión Europea ha evitado este viernes comentar el recurso Ayuso pero, en cambio, sí ha señalado que espera que el plan de recuperación sea desplegado tal y como fue acordado con las autoridades comunitarias.
En una rueda de prensa, la portavoz de Economía del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuts, ha dicho que la institución "no comenta acontecimientos que tienen naturaleza nacional".
También ha recalcado que Bruselas no entra a valorar el "posible impacto" del recurso de Ayuso en la aplicación del plan, pero subrayó que "la Comisión espera realmente que el plan español sea implementado tal y como ha sido acordado con la Unión".
Marco de control
La portavoz, sin embargo, ha recordado que los planes de recuperación de los Estados miembros deben incluir un "marco de control" adecuado y "proporcionado" a la naturaleza "única" de los mismos y al programa de gasto de cada uno.
El "principal instrumento" para "salvaguardar el interés financiero de la Unión" son los sistemas de control diseñados a nivel nacional que los países deben comunicar a las autoridades comunitarias para demostrar que son eficaces en la prevención, detección y corrección de posibles conflictos de interés o casos de corrupción y fraude.
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