El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha prohibido a los máximos dirigentes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernad y Luis Pineda, respectivamente, disponer de 50 fincas de su propiedad y de empresas relacionadas con Ausbanc.
Según han informado fuentes jurídicas, Pedraz ha dictado este martes un auto en el que les prohíbe enajenar todas las propiedades a su nombre, tanto fincas rústicas como privadas, en localidades como Madrid, Villamayor de Campos (Zamora) y Estepona (Málaga).
La mayoría de las fincas son propiedad de Pineda o de las sociedades relacionadas con Ausbanc, que supuestamente él usaba para desviar el dineroque obtenía de extorsiones a bancos a cambio de publicidad positiva o de retirar acusaciones judiciales.
El auto del juez, que ha acordado estas diligencias a instancias de la Policía y con apoyo de la Fiscalía, desgrana una a una las fincas y da orden a los registros de la propiedad de que las bloqueen para que Pineda y Bernad, en prisión provisional, no puedan venderlas.
Los investigadores calculan que Ausbanc efectuó en cinco años transferencias por 7,1 millones de euros a once empresas vinculadas a la asociación, algunas fuera de España, y han constatado que entre unas y otras se hicieron préstamos para adquirir bienes inmuebles, los mismos que ahora han sido bloqueados.
Algunos de ellos se alquilaban luego a Ausbanc como locales, otros -como dos en Villamayor de Campos y Estepona- los usaba el propio Pineda y su mujer para su disfrute, e incluso figura uno ubicado en Estados Unidos.
Bloqueo de las cuentas bancarias
La semana pasada, el juez bloqueó las cuentas bancarias de Manos Limpias y Ausbanc, así como las abiertas a nombre de sus máximos dirigentes, todo ello para asegurar que, en caso de ser condenados, pagarán las multas o responsabilidades civiles.
Pineda y Bernad están en prisión imputados de varios delitos por haber chantajeado a bancos a cambio de no hacer publicidad negativa de ellos y de retirar acusaciones, una de ellas la de la infanta Cristina en el caso Nóos, para lo que pidieron 3 millones de euros.
Los investigados (por ahora 14 personas), según el juez, formaban parte de una organización criminal dirigida por Pineda, quien usaba la "cobertura" de presidir una asociación en defensa de los consumidores frente a los bancos cuando en realidad coaccionaba a las entidades a cambio de dinero.
