El juez Castro se da un tiempo para estudiar la petición de la defensa de la Infanta

Previsiblemente, el juez resolverá todos los escritos de forma conjunta cuando dicte el auto de apertura de juicio oral por esta causa en la que la Infanta Cristina está imputada como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, y para quien solo Manos Limpias ha solicitado al juez que la lleve a juicio.

El juez Castro a su llegada a los juzgados
El juez Castro a su llegada a los juzgados | EFE

El juez José Castro ha dado traslado a las partes personadas en el caso Nóos del escrito presentado por la defensa de la Infanta Cristina pidiendo el archivo de la causa para ella, que estudiará junto a los seis escritos de acusación que recibió el martes y que resolverá próximamente.

Castro ha dictado hoy una providencia en la que da cuenta de que ha recibido el escrito registrado por los abogados de doña Cristina pidiendo el sobreseimiento para ella, así como de los seis escritos de acusación, y de otro anterior pidiendo también el archivo por parte de la defensa del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, documentación que deja pendiente de estudio y resolución.

Previsiblemente, el juez resolverá todos los escritos de forma conjunta cuando dicte el auto de apertura de juicio oral por esta causa en la que la Infanta Cristina está imputada como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, y para quien solo Manos Limpias ha solicitado al juez que la lleve a juicio.

Ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado que actúa en nombre de la Agencia Tributaria, han solicitado la apertura de juicio oral para la infanta Cristina. Tampoco lo han hecho la abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia ni la abogacía de la Comunidad Valenciana que está personada únicamente para ejercer la acción civil en nombre de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA.

Ante dicha situación, la defensa de la Infanta pidió por escrito al juez Castro que archive la causa contra ella, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y de la llamada doctrina Botín, fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por dichos delitos fiscales.

Dada la extensión de todos los documentos y la dificultad que entraña trasladarlos, el juez Castro ha citado en el Juzgado de Instrucción número 3 a la Fiscalía y a los procuradores de todas las partes personadas y les ha pedido que acudan provistos de un sistema de almacenamiento masivo para poder entregarles los escritos. Sólo los escritos de acusación de la Fiscalía y del sindicato Manos Limpias ya superan las 500 páginas de extensión cada uno, y además, en el caso del ministerio público, ha presentado cinco anexos adicionales.

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