Mientras tanto, la Guardia Civil ha registrado el despacho en Bilbao del senador de EH Bildu y abogado de presos de ETA, Iñaki Goioaga, para ver si había alguna documentación vinculada con las personas detenidas en la operación del miércoles contra el grupo de enlace de los presos de la banda.
En dependencias de la Guardia Civil en Madrid se encuentran arrestados los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, así como el resto de los detenidos: Egoitz López de la Calle, Aitziber Sagarminaga, José Luis Campos, Aintzane Orkolaga, José Miguel Almandoz y Asier Aranguren. Todos ellos comparecerán el lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Unas detenciones que acarrearon una encendida polémica después de que el Ministerio del Interior informara de ellas antes de que se produjeran y que provocó por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la apertura de diligencias informativas.
Hoy mismo, la Fiscalía las ha archivado a la vista de la información que el ministerio le remitió y ha considerado que los hechos carecen de relevancia penal, ya que la filtración se produjo "de forma no intencionada debido a un error de la oficina de prensa". Esta misma mañana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aceptado la dimisión de Gimeno, que no ha satisfecho a las asociaciones de guardias civiles, que la entienden como un "parche".
Aunque han arreciado las críticas a la oportunidad de la operación, llevada a cabo en un momento clave del proceso de paz, según algunos, el Gobierno, a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las ha rechazado de plano y ha dicho que las operaciones antiterroristas "no se deciden ni se organizan de la noche a la mañana" y se ejecutan con autorización judicial. Tras rechazar las comparaciones de la filtración de Interior con el caso Faisán, conocido como el chivatazo a ETA, Sáenz de Santamaría ha defendido la operación de la Guardia Civil, una actuación que requirió una preparación "muy larga" y "extensa" y que fue autorizada por un juez de la Audiencia Nacional.
Estas operaciones, ha reiterado, requieren "una profunda organización, análisis y estudio de las fuerzas de seguridad, pero además una intervención judicial". Con estas afirmaciones Sáenz de Santamaría ha respondido entre otros al Gobierno Vasco, que ha considerado la operación como un "paso atrás" y una muestra de la "ligereza y el cortoplacismo" del Ejecutivo central. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistido en las críticas y ha asegurado que el ministro del Interior no es la "persona adecuada" para liderar el nuevo tiempo que se ha abierto en Euskadi después del cese de la violencia de ETA.
Ha calificado de "chapucera" la operación del instituto armado, "con objetivo mediático, que supone un paso atrás y cuyos antecedentes, como en el caso de Herrira, quedaron en absolutamente nada". Y en apoyo a los detenidos se han concentrado este mediodía los máximos representantes institucionales de Gipuzkoa, entre ellos el diputado general, Martín Garitano y el alcalde donostiarra, Juan Karlos Izagirre, que han protestado por la operación policial. Al término de la concentración, los organizadores han dicho que la operación "política-policial" evidencia que "el Estado español está poniendo toda su maquinaria de guerra" al servicio de intentar "malograr el proceso de soluciones puesto en marcha en Euskal Herria". En Pamplona más de un centenar de personas, entre ellas representantes sindicales, políticos, de colectivos sociales y familiares de los detenidos, han criticado la operación como un intento de "impedir el avance" en el proceso de paz y han exigido la libertad de los arrestados.
