El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el resto de investigados por el presunto agujero de 720 millones de euros ocasionado en la entidad, que han declarado en la Audiencia Nacional, han señalado al Banco de España como conocedor de las operaciones al estar al tanto de todo.
Además del exvicepresidente del Gobierno han comparecidoy los ex directores generales de la caja Adolf Todó y José María Loza, que según han indicado fuentes jurídicas han apuntado al Banco de España, conocedor tanto de las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo entre los años 2001 y 2007 como del cambio de modelo de negocio posterior a 2008.
Asimismo, han asegurado que el proceso para aprobar dichas operaciones cumplió en todo momento la normativa; prueba de ello, han añadido, es que se hicieron, con éxito, unas 600 o 700.
A su salida de la sede judicial, donde ha declarado durante una hora y diez minutos por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre 2000 y 2013, Serra se ha dirigido a los periodistas y ha asegurado que ha entrado "muy tranquilo" y que salía "aún más tranquilo", convencido de que "todo acabará bien".
Los tres investigados han relatado que nadie podía esperar el desplome de los mercados y han recordado que incluso en 2008 se hablaba de brotes verdes; en su opinión, el agujero patrimonial también obedece al poco valor por el que se vendieron a la Sareb los activos tóxicos de la entidad.
Los exdirectivos también han dicho, siempre según fuentes presentes en el interrogatorio, que el Banco de España y el FROB estaban también al corriente y aprobaron la sustitución de Loza por Todó, que se produjo en febrero de 2008.
Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995, llegó a la presidencia de Catalunya Caixa diez años después de dejar la política, tras unos años centrado en el sector privado, como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile.
En 2005 se puso al frente de Catalunya Caixa, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, entidad que recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas.
La causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).
La Fiscalía Anticorrupción considera que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión".
De este modo, la caja habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y concedido créditos "desproporcionados".
