La diputada de la CUP Anna Gabriel

Publicidad

INVITA AL GOBIERNO A RECURRIR "LO QUE QUIERAN"

La CUP advierte de que "no se echará atrás" en el proceso de "desconexión" pese a las "amenazas"

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha afirmado que la constitución de las tres ponencias conjuntas que se encargarán de elaborar las leyes necesarias para iniciar la "desconexión" del Estado seguirán "adelante" de forma "clarísima" y "no se echarán atrás".

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha advertido este jueves de que su partido "no se echará atrás" en el proceso de "desconexión" con el Estado, pese a las "amenazas" del Gobierno en funciones o ante una posible "inhabilitación" de sus diputados por parte del Tribunal Constitucional (TC).

Gabriel ha afirmado que la constitución de las tres ponencias conjuntas que se encargarán de elaborar las leyes de Transitoriedad Jurídica, Hacienda Pública y Seguridad Social para iniciar la "desconexión" del Estado son el "ADN en estado puro" del acuerdo con Junts pel Sí.

En una entrevista radiofónica, la diputada del partido anticapitalista ha asegurado que la CUP seguirá "adelante" de forma "clarísima" y "no se echará atrás", pese a los recursos que pueda presentar el Gobierno del PP en funciones contra las leyes de "desconexión", porque "tenemos el compromiso del 27S con los ciudadanos de hacer todo lo posible para caminar hacia la república catalana".

"Que recurran lo que quieran", ha dicho Gabriel, que ha agregado: "El Constitucional, de momento, no tortura la disidencia política. ¿Qué pueden hacer? ¿inhabilitarnos?, que lo hagan, otros ocuparán nuestro puesto".

En este sentido, Anna Gabriel ha precisado que a los diputados de la CUP "no les preocupan" las inhabilitaciones, porque nunca "hemos hecho de la política un modus vivendi como otros".

La diputada cupera ha recordado que Junts pel Sí se comprometió con los catalanes con una hoja de ruta, por lo que no puede adoptar una "estrategia diferente".

Por otro lado, Gabriel ha defendido que en estos momentos no existen elementos que permitan "cuestionar los dieciocho meses como el plazo máximo" para culminar el proceso independentista.

Publicidad