EN EL CASO DE LOS ERE IRREGULARES

EN EL CASO DE LOS ERE IRREGULARES

Alaya impone una fianza de 3,1 millones de euros a un empresario que compró "cerdos" con una ayuda de la Junta de Andalucía

Según la instructora con motivo del traslado de la empresa a las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas "concertaron" con el 'conseguidor' de los ERE un procedimiento para obtener una subvención de 2,5 millones y así sufragar los gastos que el traslado ocasionaría. Los imputados habrían "impuesto como condición la necesidad de contratar personal de dicha localidad para beneficiar de cara a las próximas elecciones a la alcaldesa de Villanueva del Río.

La juez Mercedes Alaya
La juez Mercedes Alaya | EFE

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 3,1 millones de euros al administrador y presidente del consejo de administración de la empresa Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, por comprar "una partida de cerdos" con una ayuda de la Junta de Andalucía.

La juez Mercedes Alaya fija una fianza civil de 3,1 millones para Jorge Andrés Morell y su hijo, Luis Morell, quienes, con motivo del traslado de la empresa a las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), "concertaron" con el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas iniciar un procedimiento de ERE para obtener una subvención de 2,5 millones y así sufragar los gastos que el traslado ocasionaría.

Según la instructora, los imputados y Lanzas habrían "impuesto como condición la necesidad de contratar personal de dicha localidad para beneficiar de cara a las próximas elecciones a la alcaldesa de Villanueva del Río, María José Cervantes (PSOE)". Tras ello, la empresa formalizó una póliza en junio de 2008 para los extrabajadores de Aglomerados Morell "sin que existiera formalmente una solicitud de ERE ni de ayuda sociolaboral alguna" y "pese a no ser necesarios los despidos de los 22 trabajadores" de la empresa.

Así, los imputados, "en connivencia" con Juan Lanzas, "iniciaron dicho procedimiento, pretendiendo así favorecer como medida de 'presión' la concesión de las subvenciones necesarias para efectuar el traslado de la empresa". Finalmente, fueron incluidos en la póliza un total de 24 beneficiarios, de los que únicamente 22 eran trabajadores de la empresa, pues "se incluyeron como 'intrusos" tanto a Jorge Andrés Morell como a otra persona "que fue dada de alta en la empresa un mes y medio antes del estudio de la póliza".

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