Las comunidades autónomas deben a las universidades públicas españolas un total de 1.061.177,5 millones de euros según se desprende de la memoria de impacto normativo del decreto ley de Medidas Urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros.
Este documento fue aprobado en Consejo de Ministros y busca "poner el contador de la deuda comercial a cero con carácter previo a la implantación de la factura electrónica, el registro contable y el periodo medio de pagos".
En materia de universidades, la comunidad autónoma que mayor deuda concentra es Andalucía, con 500 millones de euros, seguida de Cataluña, con 226,3 millones de euros, y la Comunidad Valenciana, con otros 208,69 millones. Por su parte, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, la Región de Murcia, Navarra y La Rioja tienen saneadas sus cuentas con las universidades públicas en su ámbito competencial.
Asturias y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas que no tienen pendiente de pago ninguna factura a sus universidades autonómicas.
Estas facturas son susceptibles de ser incluidas en la "tercera y última" fase del plan de pago a proveedores municipales y autonómicos, que según el Gobierno requerirá como máximo la cantidad de 19.350 millones de euros que "no supondrán un incremento de gasto público ni tendrán incidencia sobre el déficit público" porque se articularán como una mera transformación de deuda comercial ya reconocida en deuda financiera.
Este decreto busca dar una "solución extraordinaria, temporal y urgente" al problema de la morosidad de las administraciones públicas, "erradicándolo" para poder "evitar los problemas de liquidez de las empresas. El Ejecutivo confía en que el impacto económico general de la medida será "positivo" tanto para las empresas proveedoras, que gozarán de una mayor liquidez para poder mantener su actividad, como para los ciudadanos.
Por su parte, el mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores de las comunidades autónomas y entidades locales permitirá la cancelación de operaciones pendientes de pago que fueran liquidadas, vencidas y exigibles antes del 31 de mayo, incluyendo en este caso las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por sentencia judicial firme y las transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas a las familias, los discapacitados o la tercera edad, así como las universidades públicas.
En su conjunto, el Gobierno prevé una demanda "máxima" de 19.350 millones de euros, de los que 15.324 millones corresponderán a facturas de las comunidades autónomas y los restantes 4.017 millones, a facturas de las administraciones municipales.
En el caso de las farmacias, la mayor concentración de facturas pendientes de pago se sitúa en Valencia, con 191,72 millones, seguido de Cataluña, Murcia y País Vasco.
