Caso Ardines
Los sicarios que presuntamente asesinaron a Javier Ardines rompen a llorar ante el juez en su alegato final
"No le maté, lo juro por mis hijos", ha dicho entre lágrimas uno de los acusados de haber acabado con la vida del concejal de IU Javier Ardines. "Yo no vine a España a asesinar a nadie", dice el segundo, también entre sollozos.
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Djilali B. y Maamar K, los dos principales sospechosos de haber acabado en 2018 con la vida Javier Ardines han roto a llorar ante el juez en la última sesión del juicio por el asesinato del concejal de IU.
"Soy inocente, no he matado a nadie. Yo no he venido a España a quitarle la vida a nadie", dice el primero, entre sollozos, en su alegato final.
"Yo ni siquiera estaba en Asturias (lugar en el que ocurrió el crimen)", apunta el segundo. "Juro por mi hijo que no hice nada. No tengo nada que ver, lo juro", señala justo antes de empezar a llorar.
Ambos, no obstante, confesaron tiempo atrás el crimen ante la Guardia Civil y el juez. Cómo transcurrió y lo que cobraron por llevarlo a cabo: 25.000 euros.
Las defensas de los cuatro acusados por el asesinato de Javier Ardines han basado sus alegatos finales en la falta de pruebas biológicas de ADNy la ausencia de testigos directos que les incriminen y han pedido al jurado popular que busque la "verdad judicial" y dicte un veredicto de no culpabilidad.
La Audiencia de Oviedo ha celebrado así la última sesión del juicio con jurado popular que se sigue contra Pedro N.A., acusado de encargar el crimen por celos tras descubrir que su mujer y el concejal mantenían una relación secreta; Djilali B. y Maamar K, como supuestos sicarios, y Jesús M., como intermediario.
En el informe de conclusiones, las cuatro defensas han solicitado al tribunal popular que tenga en cuenta la diferencia que existe entre las pruebas objetivas y las conjeturas de los investigadores porque han recordado que en este caso no se trata de "dar satisfacción a la familia del concejal asesinado" sino en alcanzar la verdad judicial.
En varias ocasiones han repetido que no existe una sola prueba directa que confirme la presencia de los acusados en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría el 16 de agosto de 2018 cuando el edil sufrió la emboscada que le costó la vida.
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