El exjuez Santiago Torres, sobre los cambios en la acusación popular que quiere el Gobierno: "Es severamente peligroso"

En anteriores programas de Espejo Público, los jueces José Antonio Martín Pallín y Javier Álvarez hicieron estas declaraciones sobre el 'Lawfare' (utilizar la justicia para atacar a adversarios políticos) en nuestro país:

Martín Pallín: “Incuestionablemente el juez que recibe una querella de un partido político conoce que se está metiendo en un terreno estrictamente político, y no es bueno para la justicia.”

Álvarez: “Naturalmente que hay ideología, eso es evidente. ¿Qué influyen o no en las decisiones judiciales? Por dios, ¡es evidente que también! Además, es imposible creer que los jueces (y desde luego eso no lo pienso) son unos esquizofrénicos que en cuanto se enfrentan con un problema jurídico resuelven de una manera pura y original. Pues eso no es así.”

Ante estas declaraciones, el exjuez Santiago Torres lo cataloga de una forma contundente: “esto es ruido mediático con interés político”. Y aunque reconoce que “los jueces son hijos de su padre y de su madre”, se muestra convencido de que “la labor de un juez requiere una prudencia especial, que es meter en un cajón las creencias de cada uno, porque lo que corresponde es aplicar el derecho”.

Limitar la acción popular, la intención de Sánchez

Torres, que entre otros casos fue el juez que metió en la cárcel a Jesús Gil, se muestra contrario a las afirmaciones de Martín Pallín y de Álvarez, y defiende que la mayoría de los jueces se ciñen a lo que dice el derecho, porque de lo contrario “estaríamos ante un supuesto en que se usurparía la potestad de aplicar a la ley la voluntad del pueblo, y lo substituiríamos por la voluntad arbitraria de cada juez”, dando un guiño al intento del gobierno de acotar la acción popular. Una acción que Torres considera que dejaría terrenos de impunidad, y que iría en contra de todas las recomendaciones que se están realizando en materia de lucha contra la corrupción.

El que fue magistrado se muestra convencido que los delitos de corrupción, donde el titular es la colectividad porque todos los ciudadanos se ven afectados por ello, es lo que más importa a los ciudadanos. Y que limitar la acción popular “es severamente peligroso”.

Por ello, lanza un mensaje claro para evitar los postulados ideológicos de los jueces: “aquellos que hacen jurisprudencia, les es exigible una dosis de prudencia”. Y se explica: “un juez debe hablar por providencias, autos y sentencias. Y no por hacer manifestaciones públicas en el debate político o en las redes sociales que adelanten posicionamientos personales que comprometan su imagen de imparcialidad”, ya que cree que eso “les contamina y les afecta directamente”, asegura.

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