Javier Serratosa, presidente de Uralita

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SENTENCIA PIONERA EN ESPAÑA

Uralita indemnizará con casi 4 millones de euros a los afectados por amianto

Es la primera vez que los demandantes no son empleados de la fábrica, sino 45 vecinos que vivían en sus inmediaciones.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Uralita a indemnizar con 3.918.594,64 millones de euros a medio centenar de vecinos de Cerdanyola y Ripollet (Barcelona) por los daños derivados de la exposición al polvo de amianto generado por la fábrica que la empresa tenía entre ambas localidades.

La sentencia es pionera en España, ya que

El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha considerado que "es claro" que la causa de los padecimientos de los demandantes, o de sus familiares fallecidos, es la actividad industrial realizada desde 1907 en la factoría de Uralita situada entre Cerdanyola y Ripollet, municipios donde han residido durantedécadas los afectados.

Según la sentencia, los medios de transmisión que han causado las enfermedades de los demandantes abarcan desde las emisiones de la fábrica en forma de polvo de amianto, la manipulación de las ropas de los trabajadores por parte de sus familiares en sus domicilios y la contaminación derivada de la degradación de residuos derivados de la propia actividad industrial.

"Incluida la que probablemente fuera provocada a consecuencia del esparcimiento que durante muchos años se realizaba por los operarios de la propia empresa por las zonas urbanas de ambos municipios, ciertamente con la aquiescencia, incluso complacencia, de la propia población y de las autoridades", añade.

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 17 de junio, los demandantes reclamaron una indemnización de 5,6 millones, insistiendo en que la empresa "esparció por todas las calles" de esas dos localidades "trozos de asbesto" y "polvo de amianto", y que no tomó ninguna medida de precaución al saber que dicho material era perjudicial para la salud.

La sentencia indica que dicha actividad que la factoría llevaba acabo, "al parecer, para suplir, de forma cómoda y barata, la falta de asfaltado de las calles", denota "al menos un punto de imprudencia, en cuanto ya era innegable la conciencia social en el mundo del riesgo que implicaba para la salud la utilización del amianto", prohibido en España en 2002.

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