James Rhodes

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JUNTO A SAVE THE CHILDREN

James Rhodes pide consenso para que la ley de protección a menores víctimas de abusos sea una realidad cuanto antes

El artista, que fue víctima de violencia sexual cuando era niño, dice estar muy emocionado de que el Gobierno esté dando prioridad a este tema y pide el apoyo mayoritario de los grupos políticos en el Congreso.

El pianista James Rhodes, víctima de violencia sexual cuando era pequeño, y varias organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, se han unido para pedir que se agilicen los trámites para sacar adelante la Ley Integral de protección frente a la violencia contra la infancia, anunciada la semana pasada por el Gobierno, según ha informado Save the Children.

El último Consejo de Ministros acordó la puesta en marcha del anteproyecto de ley que, según el anuncio del Ejecutivo, se enviará al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019.

Las organizaciones y el pianista insisten en que para que esta ley sea "una realidad" la fecha de entrada a las Cortes debe ser el mes de enero de 2019.

El pianista ha agradecido al Gobierno y a "todos los partidos políticos" su apoyo "unilateral" a un problema "tan universal" y ha asegurado que este paso convertirá a España en el país "número uno" del mundo en la protección de los niños". "Después de haber sido víctima de abusos sexuales durante varios años en mi infancia, estoy muy emocionado de que el Gobierno le esté dando prioridad tratándolo como una cuestión de urgencia", afirma Rhodes.

Asimismo, Rhodes acompañado de Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet han pedido "consenso político" para que esta ley "sea una realidad" cuanto antes. Además, la ONG asegura que esta norma es también uno de los asuntos más urgentes para Naciones Unidas, cuyo comité sobre los Derechos del Niño urgió a España a principios de año a agilizar los trámites para su aprobación, tal y como ya hiciera en el año 2011.

El director general de Save the Children, Andrés Conde, ha pedido que el "apoyo mayoritario" de los grupos políticos en el Congreso del año pasado con la Proposición No de Ley para la protección de la infancia contra la violencia, se repita y se logre la aprobación "unánime y urgente" de esta ley.

El 70% de los casos nunca llega a juicio oral

Según el informe de Save the Children 'Ojos que no quieren ver' el abuso sexual a menores se extiende de media cuatro años, lo que la ONG asegura que demuestra que en España no existen aún las herramientas necesarias para prevenir y detectar los abusos ni para que el niño o niña pueda denunciarlos.

Por otro lado, insiste en que el hecho de que haya niños y niñas sufriendo abusos sexuales que no son detectados, que estos abusos se alarguen durante años o que, aunque se detecten, haya víctimas que siguen en contacto con su agresor y que no son protegidas, se debe a una serie de "fallos y debilidades" en la respuesta de las administraciones públicas en la prevención, detección, en el proceso judicial y en la atención y tratamiento psicológico a las víctimas.

Asimismo, las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 4.056 en 2016 a 4.211 en 2017, según el Anuario del Ministerio del Interior de las cuales un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal, el 70% nunca llega a juicio oral.

En este sentido, en las sentencias estudiadas por Save the Children, un 15% de los casos en los que el niño se lo contó a un profesor hubo una notificación a las autoridades competentes, por eso la ONG solicita que los centros educativos cuenten con protocolos específicos que se activen ante cualquier sospecha.

"Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal", afirma la presidenta de la Fundación Vicki Bernadet, Vicki Bernadet.

Además, la ONG ha manifestado a través de un comunicado que llevar el caso a los tribunales "no es una garantía de protección" para el menor que ha sufrido abusos. Asimismo, informa que el proceso judicial dura de media tres años, en los que los menores tienen que repetir su declaración hasta cuatro veces y en la mayoría de casos en juicios a puerta abierta.

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