Drogas
El Gobierno permitirá que se puedan consumir drogas en el interior de un coche
Los vehículos particulares son considerados como una privacidad de los ciudadanos, por lo que los agentes no podrán sancionar al usuario si consume drogas.
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El artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección a la seguridad ciudadana establece que el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se considera una infracción grave y se sancionará con multas que oscilan entre los 601 y 30.000 dependiendo del grado.
En España está prohibido el consumo de drogas, aunque en zonas privadas, como en los domicilios, las autoridades no pueden sancionarte porque no pueden acceder sin una orden judicial. A la vivienda particular se le suma un nuevo lugar donde el consumo de estupefacientes estará permitido: el coche.
El miércoles, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una orden donde las autoridades no podrán sancionar el consumo o tenencia de drogas que tengan lugar en el interior de los vehículos. Esto advierte tanto a los agentes de la Policía Nacional como de la Guardia Civil que los vehículos particulares cuentan con una protección al ser considerados como una privacidad de los ciudadanos.
Aunque solo estará permitido cuando el vehículo se encuentre detenido. En ningún caso se podrá consumir drogas con el coche en circulación. "En cuyo caso podría tratarse de una conducta subsumible en el código penal, concretamente un delito contra la salud pública, o de un delito contra la seguridad vial", explica el Ministerio del Interior.
El departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha basado en una sentencia de 1999 dictada por el Tribunal Supremo que establece que "los vehículos son objetos que por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares".
La 'ley mordaza'
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2015 la 'ley mordaza' cuyo objetivo es "regular actuaciones orientadas a proteger la seguridad ciudadana, a las personas y sus bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos", según el su artículo 1. Uno de los puntos más criticados de esta ley es el aumento de las sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad, protestas no autorizadas y tomar fotografías de los miembros y cuerpos de seguridad mientras realizan sus funciones.
El pasado mes de julio la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que Sumar había acordado con el PSOE la derogación de "todos los delitos vinculados a las injurias y a las libertades públicas". En Octubre EH Bildu anunció un acuerdo con los dos anteriores para aprobar una nueva ley orgánica de libertades y seguridad ciudadana que reemplazaría a la aprobada por los populares en 2015, donde se establecerían cuatro reformas en cuanto a sanciones por faltas de respeto a la autoridad, las infracciones por desobediencia, las pelotas de goma y la reforma de la Ley de Extranjería.
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