El Gobierno portugués no descarta intervenir legalmente la huelga de transportistas que arrancará el próximo lunes para obligarlos a cumplir unos servicios mínimos y señaló que puede hacerlo, incluso, de forma "preventiva".

El aviso fue formulado por el ministro portugués de Trabajo, José António Vieira da Silva, en una rueda de prensa junto con el titular de Ambiente y Transición Energética, João Pedro Matos Fernandes, convocada para informar sobre el paro y responder a los críticos de los mínimos fijados por el Ejecutivo del socialista António Costa, del 100% para servicios prioritarios, como aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas.

Además, se ha fijado un 75% para el transporte público y un 50% para el suministro de combustible a los ciudadanos para sus vehículos particulares, cifras criticadas por los transportistas, que argumentan que con ellas no habrá, de facto, huelga.

A ello han respondido ambos ministros esgrimiendo un parecer pedido a la Fiscalía sobre los servicios mínimos y en el que el Ministerio Público no solo avala al Ejecutivo, sino que incluso considera que hay espacio para ir más lejos, hasta la "requisición civil", un instrumento legal que permite blindar las operaciones mínimas.

Con esta medida, considerada límite porque implica en la práctica rebajar el paro, se obliga a trabajar al número de huelguistas necesario para blindar unos servicios mínimos.

"Espero que todos hagan lo que sea necesario para evitar una situación de conflicto que tiene efectos colaterales para todos", remachó.

El ministro de Ambiente anunció que Portugal está en estado de emergencia energética oficial -se declaró de forma preventiva este miércoles- que se prolongará hasta el próximo día 21.

La medida permite organizar durante el fin de semana puestos de abastecimientos de combustible de emergencia, para que estén disponibles desde el lunes, primer día del paro.

Mientras, los conductores continúan protagonizando largas filas en gasolineras de todo el país, especialmente en el norte y en la sureña región del Algarve, para llenar el depósito, lo que está generando ya escasez de combustibles.

Detrás de la huelga se encuentra el conflicto entre los transportistas de mercancías peligrosas y la patronal del sector, la Asociación Nacional de Transportadores Viales de Mercancías (Antram), que llevan meses negociando.

Los desacuerdos entre las partes ya motivaron una huelga de transportistas en abril que dejó gasolineras vacías, aviones que tuvieron que repostar en España y problemas en el transporte público.