A TRAVÉS DE UN COMUNICADO

La URJC dice que no tiene obligación de custodiar los trabajos de los alumnos

La URJC asegura que su obligación es archivar documentación referente a servicios de la universidad, pero "en ningún caso los relativos a los trabajos que hayan servido para evaluar a los alumnos". Por ello, indican, los documentos relativos a Pablo Casado se deben solicitar a sus profesores, que son "las únicas personas que pueden tener los trabajos".

Pablo Casado

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La URJC ha reiterado este martes que no tiene obligación de custodiar los trabajos de evaluación de los alumnos, en referencia a conservar los trabajos del actual presidente de los populares, Pablo Casado, por los que fue evaluado de 20 créditos en el máster que cursó en el citado centro universitario.

En un comunicado, la URJC ha expuesto que "ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación", la Universidad reitera que las instituciones universitarias "solo tienen obligación de archivar y custodiar la documentación referente a los diferentes servicios de la universidad, documentos que emanen de órganos colegiados o que obren en expedientes administrativos, pero en ningún caso los relativos a los trabajos que hayan servido para evaluar a los alumnos".

"Custodiar los trabajos de los alumnos como pruebas de evaluación es exclusiva de los profesores durante un tiempo limitado, de ahí que en la providencia dictada ayer por la titular del Juzgado 51, Carmen Rodríguez Medel, se solicite los documentos relativos al alumno P.C -Pablo Casado- a sus profesores, Enrique Alvarez Conde y Alicia López de los Mozos quiénes son las únicas personas que pueden tener los trabajos del alumno al que calificaron", han señalado.

En este punto, la URJC ha asegurado que está colaborando "en todo momento" con la Justicia "en tiempo y forma en todo lo que se le requiere con el objetivo de devolver el buen nombre de esta universidad pública". Asimismo, recuerdan que fue la URJC "la que puso en conocimiento de Fiscalía la supuesta falsificación documental del Instituto Público de Derecho (IDP), dirigido por Enrique Alvarez Conde, que ahora se está investigando".

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