Congreso

El Tribunal Constitucional prepara una sentencia contra el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma

Una mayoría de magistrados del TC respalda estimar el recurso de amparo presentado por Vox y considera que el cierre del Congreso vulneró los derechos de los diputados

El Tribunal Constitucional prepara una sentencia contra el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma

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El Tribunal Constitucional (TC) elabora una sentencia contra los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados por los que se suspendió el cómputo de plazos reglamentarios en la cámara baja en marzo de 2020, al inicio del estado de alarma por la pandemia por Covid-19.

Según han confirmado en fuentes jurídicas a Europa Press, el Pleno del tribunal de garantías prevé declarar inconstitucionales esos acuerdos por los que se limitaba la actividad parlamentaria.

La ponencia sobre este asunto ha correspondido al magistrado conservador Antonio Narváez, y se incluyó en el orden del día del Pleno que comenzó el pasado martes.

Así, una mayoría conservadora del tribunal ha impuesto al ponente que modifique el proyecto de sentencia para que incluya los argumentos que comparten con el recurso de amparo de Vox, que calificó de "secuestro" el cierre del Congreso. La intención del tribunal pasa por estudiar el nuevo borrador de sentencia en el próximo pleno.

La suspensión de la actividad parlamentaria duró un mes, del 14 de marzo al 13 de abril, motivado por la emergencia sanitaria que derivaba de la adopción del primer estado de alarma, si bien esa parte del tribunal estima los argumentos del partido de Santiago Abascal de que se vulneró el derecho al control del Ejecutivo por parte del poder legislativo.

El TC ya declaró ilegal el confinamiento del primer estado de alarma

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya declaró ilegal el confinamiento decretado por el Gobierno durante el primer estado de alarma.

Entonces el TC consideró que la intensidad de la restricciones que impuso el Gobierno en el mes de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus, excedía lo que se puede acordar durante un estado de alarma y que hubiese sido más recomendable aplicar otra figura jurídica.

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