El primer partido de la oposición quería haber realizado ese 'test' a los dos miembros del Ejecutivo en el Pleno de control que había programado para el pasado 25 de marzo, pero que finalmente fue aplazado hasta la próxima semana por el siniestro del avión de Germanwings que tuvo lugar en los Alpes y en el que fallecieron medio centenar de españoles.
Tal y como tenía previsto para el Pleno que fue aplazado, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, preguntará a la número dos del Gabinete de Mariano Rajoy si considera que "el Gobierno está actuando correctamente en las causas judiciales que afectan al PP".
Por su parte, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, interrogará a Montoro por las actividades del despacho de asesoría Equipo Económico del que fue fundador y que, según sospechan los socialistas, intervino en expedientes de amnistías fiscales y de licencias de juego. Así, Saura intentará que el ministro le explique si "hace todo lo posible para evitar la confusión entre intereses públicos y privados".
Además, el PSOE ha decidido mantener también la interpelación que ya había registrado para Montoro sobre la colaboración de la Agencia Tributaria con las investigaciones llevadas a cabo por el juez Pablo Ruz. Este debate dará lugar a una moción en la que los socialistas incluirán la petición de reprobación de Montoro y que se someterá a votación la semana que viene.
En el texto que ha registrado, el PSOE recalca que el PP acumula ya varias actuaciones "dirigidas a impedir y obstaculizar" la instrucción de las causas judiciales sobre corrupción que le afectan. Pero, a su juicio, la gota que ha colmado el vaso han sido las reiteradas negativas de la Agencia Tributaria a entregar al juez un informe sobre la tributación por el impuesto de sociedades que habría correspondido a las donaciones recibidas por el PP según las anotaciones del extesorero Luis Bárcenas.
Tras varios requerimientos del juez, la Agencia Tributaria envió ese documento en el que, según destacan los socialistas, se reconocía una "cuota defraudada de cuantía superior a los 200.000 euros, lo que supondría la comisión de un delito fiscal", como también ha reflejado Ruz en el auto con el que cerró la instrucción del caso de los 'papeles de Bárcenas'.
El PSOE denuncia que en el informe que la Agencia Tributaria envió a Ruz se incluían "valoraciones jurídicas más propias de una parte procesal que del informe solicitado por el instructor" y también censura que antes de que el documento llegara al juzgado, el Gabinete de Montoro hizo un argumentario --aunque sin membrete, firma o signo que desvelara su origen-- que fue remitido a los medios de comunicación "con afirmaciones y comparaciones absolutamente improcedentes".
Para los socialistas, la actuación del Gobierno en todo este asunto "ha supuesto un inaceptable paso adelante en la utilización de las instituciones para intentar conseguir la impunidad del partido que le apoya y de sus dirigentes".
