Mónica Oltra
Los indicios "suficientes" que el juez ve para imputar a Mónica Oltra: desde prevaricación a abandono de menores
Mónica Oltra declarará el próximo 6 de julio como investigada por la gestión de abusos de su exmarido a una menor tutelada.
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La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, dará explicaciones sobre su imputación por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada. El tribunal investigará si conoció y no actuó ante dichos presuntos abusos.
Oltra declarará el próximo 6 de julio como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). De esta forma se pone fin a dos meses y medio de incerteza sobre el futuro de Mónica Oltra. Dirige la consejería de Políticas Inclusivas, de la que dependen los centros de menores. Desde que se conocieron las acusaciones, Oltra se ha negado a dimitir.
El titular del Juzgado de Instrucción 15 elevó una exposición al TSJCV para decidir si había que citar a la vicepresidenta al "surgir una serie de indicios que en su conjunto ponen en evidencia que diferentes funcionarios de la Conselleria de Igualdad pudieran haberse concertado con el fin de ocultar o dificultar la investigación de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada por la Generalitat".
El Tribunal Superior considera que existen indicios de un "concierto" que tendría como objetivo "proteger al marido en aquellas fechas de Mónica Oltra" o también "proteger la carrera política" de la vicepresidenta del Gobierno valenciano.
"No hay una prueba directa"
A pesar de ver indicios contra Mónica Oltra para su imputación, admiten que es "cierto que no hay una prueba directa que vincule con la aforada". Expone que los trámites que llevó a cabo la consejería una vez se conoció el caso de abusos, no pueden entenderse como ilegales.
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El juez remitió hace dos meses la petición de imputación de Mónica Oltra al Tribunal Superior al considerar que existían "indicios racionales y sólidos" de su participación en la causa. La investigación del juez se basa en si se aplicaron los protocolos de actuación institucional o se incumplió el deber de custodia y el de denunciar los delitos perpetrados.
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