Mónica Oltra se niega a dimitir después de que un juez haya pedido su imputación

Hace algo más de un año, Luis Eduardo Ramírez Icardi fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a cinco años de cárcel por abusar sexualmente de una menor tutelada en el centro en el que trabajaba como educador. Se da la circunstancia no solo de que ese centro -aunque privado- depende de la Conselleria de Igualdad, cartera de la que es responsable Mónica Oltra, sino que el agresor estaba casado entonces con la también vicepresidenta del Gobierno balear.

¿Qué pudo fallar para que se produjeran esos abusos hasta en diez ocasiones, según la sentencia? Es una de las preguntas que intenta responder la investigación que lleva a cabo el juez titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos. Hasta ahora ha imputado a 13 personas.

La siguiente en la lista sería Mónica Oltra. El juez instructor considera que hay "indicios sólidos" de un posible encubrimiento, pero el juzgado no puede citarla como imputada al ser aforada. Por ello, el pasado viernes elevó una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, único juzgado que puede citarla a pesar de su aforamiento. Un escrito al que ha podido tener acceso Antena 3 Noticias.

En él, el magistrado argumenta que "no resulta ya posible progresar en la investigación sin que la misma [Oltra] sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa". Dicho de otro modo, para que Oltra pueda acudir en compañía de un abogado; que es algo que no sería necesario si fuese citada como testigo. El juez expone en su escrito que "en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos".

Preguntada hoy por los medios de comunicación durante un acto, Oltra ha insistido en que no piensa dimitir. "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidades por las mentiras que cuentan otros", haciendo referencia a algunas de las acusaciones populares, entre ellas Vox, a la que acusa de “intenta conseguir en los tribunales lo que no logra en las urnas". La vicepresidenta valenciana subraya que "ni hay ilegalidad ni falta de ética" en su actuación, que serían los dos únicos motivos que la podrían llevar, dice, a dejar su cargo.

PP y Ciudadanos han pedido también su dimisión.

El PP rompe las negociaciones y no apoyará el plan antiaranceles sin un cambio de rumbo del Gobierno