La juez de la Audiencia Nacional pone fianza a Santi Vila porque "desistió" un día antes de la DUI

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha impuesto una fianza de 50.000 euros a Santi Vila porque considera que, frente a los demás exconsellers que han declarado, no hay riesgo de que reitere el delito en vista de que cesó un día antes de la declaración unilateral de independencia (DUI).

En el auto en que decreta el ingreso en prisión del exconseller de Empresa, eludible con una fianza de 50.000 euros, Lamela tiene en cuenta que "él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament". Ello, dice la juez, "pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el hecho secesionista".

En el caso de que abone la fianza, indica que se le impondrán una serie de medidas cautelares que son la prohibición de salida del territorio español, la entrega del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado. Según Lamela, estas medidas son necesarias porque, al igual que en el caso de los demás exconsellers que sí han ingresado en prisión sin fianza, existe un riesgo de que se fugue. "Pese a que efectivamente Santiago Vila tiene domicilio conocido y trabajo en España, la naturaleza del hecho y la gravedad en abstracto de la pena aconsejan en este caso la adopción de la medida cautelar", dice la juez.

Además, este riesgo se acentúa "por la facilidad que tiene el investigado, por sus recursos y medios, de salir al extranjero y sustraerse así de la acción de la justicia española". Vila jugó, considera la magistrada, "un papel activo" en el proceso independentista impulsándolo "minuciosamente", y viene así "operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas".

Ingresará en prisión por "solidaridad" y abonará la fianza el viernes

El exconseller de Empresa de la Generalitat Santi Vila ingresará en la cárcel en "solidaridad" con sus compañeros para los que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión y pagará este viernes la fianza de 50.000 euros que le han impuesto.

Así lo ha dicho el abogado de Vila, Pau Molins, a los periodistas tras conocerse la decisión de Lamela, que ha decretado prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsellers del Govern, mientras que ha puesto una fianza de 50.000 euros a Vila para poder salir de la cárcel. Según Molins, Vila estaba yendo hacia la cárcel a esta hora porque, como le ha dicho personalmente, quería estar hoy "junto con los otros compañeros y en solidaridad con ellos".

Por otro lado, el letrado del exconseller de Empresa ha considerado que la citación por la querella contra su defendido llegó en un plazo muy corto de apenas 24 horas y, por lo tanto, ha dado lugar a una "indefensión gravísima e impensable".

Ha añadido que Vila ha respondido en el interrogatorio de la juez a todas las partes, lo que no ha hecho el resto, porque "no tiene nada que esconder". El abogado ha reprochado al fiscal que pidiera fianza porque ha visto riesgo de fuga en Vila solo por el hecho de que Puigdemont y otros cuatro consellers estén fuera de España, en concreto en Bélgica. Sin embargo, eso "no es extrapolable porque cada uno responde de sus actos" aunque forme parte de un mismo gobierno.

Molins ha asegurado que es "pública y notoria la capacidad de diálogo y consenso" de Vila en su negociación con el Gobierno español y con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para "buscar una salida pactada en este conflicto".

Sin embargo, ante la imposibilidad de que se acordara la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), por un lado, y de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución por otro, Vila presentó su dimisión antes del pronunciamiento del Parlament de finales de octubre.

El letrado de Vila ha insistido en la indefensión "inédita" en la justicia, que ha originado la notificación de la querella, de 120 folios, con 24 horas y ha censurado a Lamela que no haya acordado los mismo que el Tribunal Supremo, que ha aplazado al día 9 las comparecencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros cinco miembros de la Mesa. Asimismo, ha visto "desproporcionado" que se impute a los exmiembros del Govern un delito de rebelión cuando éste lleva implícito un "alzamiento violento".