El empresario Enrique Ortiz ha confesado haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para la organización de las campañas de las elecciones generales de 2008 y ha solicitado que la Audiencia Nacional le rebaje la pena al haber reconocido los hechos.
En su escrito de defensa Ortiz muestra su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconoce haber abonado 348.115 euros al PPCV con ocasión de la campaña de las generales.
El dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura "formal" a esas entregas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, Ortiz reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa. "Solicitamos respetuosamente que el tribunal acuerde en sentencia la sustitución de las penas de prisión por la correspondiente multa", agrega.
En concreto, Anticorrupción sostiene que la Gürtel confeccionó a favor de su sociedad seis facturas sospechosas entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2008. La primera tenía como concepto el nombre de 'mus' (31.784 euros), la segunda 'feria 2007' (84.100), la tercera 'acuerda de colaboración' (58.000), y las dos últimas se referían a 'trabajos primer semestre' (20.752) y 'trabajos primer trimestre' (17.890).
El número dos de la empresa de Ortiz, José Francisco Beviá, ha presentado, por su parte, un escrito de defensa similar al de su jefe, en el que reconoce, en los mismos términos, los pagos irregulares abonados a la formación.
Anticorrupción solicita una pena de cuatro años de prisión para él por delitos electorales y falsedad documental. Por su parte, el PSOE-PV reclama que Ortiz y Beviá sean condenados a un año y medio de cárcel por falsedad documental y el pago de multas de seis meses con una cuota diaria de 50 euros.
Ortiz está imputado también en otros casos en juzgados de Alicante por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, por el Plan Rabassa y se encuentra procesado en el caso de las basuras de la Vega Baja, todos ellos derivados de Brugal.
Una veintena de acusados en el banquillo
Ortiz se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Alvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.
El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunidad Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.
La empresa de la trama Orange Market en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).
Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".