ESTIMA EL RECURSO DE LA GENERALITAT

El Constitucional anula los artículos de la Lomce que garantizaban la enseñanza castellano

La sentencia considera que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenido con fondos públicos, impulsada por el exministro José Ignacio Wert, no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma.

Imagen de la sede del Tribunal Constitucional (TC)

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ESTIMA EL RECURSO DE LA GENERALITAT

El Constitucional anula los artículos de la Lomce que garantizaban la enseñanza castellano

La sentencia considera que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenido con fondos públicos, impulsada por el exministro José Ignacio Wert, no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso de la Generalitat contra la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa, Lomce, en concreto en lo previsto para garantizar la enseñanza en castellano, por invadir competencias autonómicas. Entre ellos, la sentencia considera que el sistema diseñado por la ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos, que impulsó el exministro José Ignacio Wert, no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma.

Se refiere, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación. El ponente de la sentencia, aprobada por unanimidad ha sido ponente magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

Era 2012 cuando el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert expresó en el Congreso el interés del Gobierno en españolizar a los alumnos catalanes, y en toda la tramitación de la nueva ley en la que se trabajaba -la Lomce o "ley Wert"- la defensa del castellano fue una de sus luchas. Ocho años después de esas declaraciones, el Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado una de las medidas estrella que Wert incluyó en la Lomce (disposición 38) para asegurar que las familias que quisieran que sus hijos estudiaran en castellano como lengua vehicular lo pudieran hacer.

La disposición declarada ahora inconstitucional fijaba que a las familias que no tengan un centro público que garantice en su comunidad autónoma el castellano como lengua vehicular para sus hijos, el Ministerio de Educación cubriría los gastos de su escolarización en centros privados y luego se los pasaría a la Administración competente, en este caso la Generalitat. La cantidad a entregar a esos padres era la equivalente a un curso escolar en un colegio público, unos 6.000 euros.

El Gobierno ha ido reduciendo el presupuesto estatal para aplicar dicha disposición desde el curso 2014-15. Esta cantidad comenzó siendo de cinco millones en 2015, pasó a un millón en 2016 y en los presupuestos de 2017 se situó en 500.000 euros. Según datos de mayo de 2015, Educación había recibido hasta esa fecha 368 solicitudes de familias que vivían en Cataluña y pedían esa compensación económica por tener que escolarizar a sus hijos en un centro privado para que estudiaran en castellano.

En la actualidad, una docena de escuelas catalanas están impartiendo el 25 % de clases en castellano, tras solicitarlo las familias y en cumplimento de varias sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que también avalan que la proporción razonable de castellano sería ese porcentaje. Las escuelas que desde el curso 2014-15 han impartido o imparten, de forma cautelar, el 25 % de las materias en lengua castellana están en las localidades de Castelldefels, Sant Cugat, Balaguer, Tarragona, Cunit, Salou, Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Barcelona y Sant Fost de Campsentelles.

El fallo del TC ha coincidido en el tiempo con una nueva polémica sobre el castellano en la educación de los centros educativos catalanes y en un momento en que, en virtud del artículo 155, el Ministerio de Educación tiene las competencias de la Consejería de Educación. Desde la semana pasada, cuando el Gobierno anunció que quiere asegurar la libertad y el derecho de los padres a elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en la matriculación escolar de sus hijos, las críticas a la Lomce se han sucedido una vez más.

Será por el castellano, las evaluaciones finales de etapa o la asignatura de Religión -principales puntos conflictivos para la oposición y la comunidad educativa-, lo que está claro es que la ley que "supuestamente" dejó atada Wert antes de dejar el Ministerio para irse de embajador ante la OCDE en París, parece desmoronarse. Quizá cuando se alcance el deseado pacto educativo, por el que se trabaja en el Congreso y en el Senado, se logre, como está previsto, una nueva ley educativa que ponga fin a la Lomce y que sea del gusto de todos.

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