Así lo reclama en un recurso contra la providencia dictada por el juez del caso Nóos, José Castro, admitiendo la petición del fiscal anticorrupción a la Agencia Tributaria de Cataluña para que elabore varios informes sobre el Instituto Nóos y la trama societaria supuestamente urdida por Urdangarin y su exsocio Diego Torres para apropiarse de dinero público.
Entre otras cosas, el fiscal Pedro Horrach preguntaba a Hacienda si, tal y como sospecha del Instituto Nóos y una serie de empresas vinculadas a Urdangarin y Torres, "es habitual ocultar la existencia de ánimo de lucro utilizando para ello asociaciones o fundaciones de forma fraudulenta". Por estas y otras frases del escrito del representante del ministerio público, el abogado de Urdangarin se queja ante el juez de que algunas de sus solicitudes "carecen de la necesaria y exigible objetividad" y usa "términos predeterminadores de conductas, no ya presuntamente fraudulentas, sino claramente incriminatorias". Además, considera que estos informes son "una solicitud de peritaje en toda regla, pero con unas bases, no ya presuntamente sino con convicción, con clara inducción a que las actuaciones financieras contables y fiscales, por las frases, palabras y términos utilizados, sean consideradas irremediable e irremisiblemente como delictivas por la Agencia Tributaria".
El escrito del abogado Mario Pascual Vives, que recalca que actúa en representación de Urdangarin y de la empresa Aizoon que administra el duque de Palma, también se queja de que el fiscal pide a Hacienda los datos fiscales de 2003 a 2010 de esta y otras empresas de la supuesta trama, cuando los ejercicios de 2003 a 2005 están prescritos a efectos penales. En el recurso, presentado en el juzgado el pasado martes, recuerda que los delitos que hasta ahora se investigan en el caso Nóos son los de malversación, fraude a la Administración y falsedad documental, sin que se hayan mencionado "el delito fiscal o la evasión de capitales", sobre los que pivotan los informes pedidos a Hacienda. Por todo ello, pide al juez que dé marcha atrás a su decisión de aceptar la práctica de estos informes por "haberse solicitado de forma no imparcial, sino inductiva" y partiendo de la "convicción" por parte del fiscal de "la cierta existencia de la comisión de delitos".
Por otro lado, el letrado pide a Castro que precise otro apartado de la providencia en el que reclamaba a la Consellería de Turismo y Deportes del Govern balear el presupuesto del I Foro Internacional de Turismo y Deporte que se celebrará el próximo octubre. El juez se refiere al congreso que tendrá lugar en el pabellón Palma Arena y que guarda mucha relación, por su temática, con unos foros que organizó Nóos para el Ejecutivo balear en 2005 y 2006 y que supuestamente reportaron beneficios a Urdangarin y Torres. Pascual Vives se queja de que en la providencia el juez no especificaba la ciudad donde se celebraría por ello le pide que sea más preciso.
