LEY ORGÁNICA 7/2014

LEY ORGÁNICA 7/2014

El Supremo pospone la decisión sobre la acumulación de penas de los etarras

El Tribunal Supremo trataba este martes la posible excarcelación del etarra Kepa Pikabea. Los magistrados debatían si deben restarse o no a los terroristas de ETA las penas que han cumplido en cárceles francesas. Finalmente, han acordado volver a reunirse el próximo 13 de enero, tras escuchar antes a la Fiscalía y a la defensa de Pikabea.

Fachada del Tribunal Supremo en Madrid
Fachada del Tribunal Supremo en Madrid | EFE

El Supremo ha aplazado su decisión sobre las excarcelaciones de etarras acordadas por la Audiencia Nacional, entre ellas la de Santi Potros, al no entrar a resolver el recurso del etarra Kepa Pikabea, que podía haber sido extensivo al resto de miembros de ETA, y pedir a las partes opinión sobre el asunto.

El pleno de la Sala de lo Penal del alto tribunal iba a tratar la posible excarcelación de Pikabea en aplicación de una norma europea de 2008 sobre acumulación de condenas y pronunciarse también sobre si su decisión era extensiva a otros etarras, pero finalmente ha acordado volverse a reunir el 13 de enero para tratar este asunto, tras escuchar antes a la Fiscalía y a la defensa de Pikabea.

Esto es porque Pikabea pidió que se le aplicara la decisión marco europea antes de que entrara en vigor la ley orgánica aprobada el pasado 12 de noviembre por el Congreso para incluir la norma comunitaria en la legislación española. Esta ley orgánica 7/2014 limita la aplicación de la normativa europea, que trata sobre la acumulación de condenas cumplidas por españoles en otros países de la UE (en el caso de los etarras se trata de sentencias de la justicia francesa). Tras cinco horas de reunión en sesiones de mañana y tarde, los quince magistrados del Supremo han acordado por unanimidad que las partes se pronuncien sobre la aplicación a Pikabea de la ley orgánica que traspone la norma europea.

También acuerdan celebrar otro pleno el 13 de enero donde resolverán si procede revisar su tiempo de condena y si su caso se puede extender a otros etarras que han pedido lo mismo y sentar así una doctrina general.

Han tomado esta decisión porque consideran que no escuchar a las partes, antes de entrar a aplicarle la ley orgánica de acumulación de condenas, causaría indefensión a Pikabea. Decenas de etarras han pedido en la Audiencia Nacional que se revise su estancia en prisión teniendo en cuenta las penas que cumplieron en Francia, entre ellos el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, o Artapalo, o el autor material del atentado de Hipercor, Rafael Caride Simón.

Entre los jueces de ese tribunal, hay criterios dispares sobre si se debe rebajar la condena a los etarras en virtud a esta normativa europea. Así, mientras que los de la sección primera de la Audiencia Nacional acordaron excarcelar al exdirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, condenado por el atentado de Hipercor de 1987, y a Alberto Plazaola, la sección segunda se negó a hacer lo propio con un tercer etarra, Iñaki Bilbao Beaskoetxea.

La sección primera también ha pedido a las cárceles donde están cumpliendo condena el dirigente etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y el autor material del atentado de Hipercor, Rafael Caride Simón, que revisen la acumulación de sus condenas cumplidas en Francia, aunque estos etarras no quedarían en principio en libertad tras la rebaja. A raíz de que se aprobara la citada ley orgánica, el pasado 24 de noviembre la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejaba en libertad a la etarra arrepentida Carmen Gisasola, quien ya disfrutaba del tercer grado penitenciario tras serle aplicada la sentencia de Estrasburgo que anuló la llamada doctrina Parot.

Cuatro días después, el 28 de noviembre, 19 magistrados del pleno de la Audiencia Nacional debatieron si debían ser las diferentes secciones de la Sala de lo Penal las que tenían que revisar la fecha de licenciamiento definitivo de los etarras a los que condenaron aplicando la directiva europea o si esa decisión debía adoptarla el pleno. Nueve de los magistrados votaron a favor de que lo estudiara el pleno y otros nueve en contra, por lo que finalmente se decidió dejar el asunto en manos de cada una de las cuatro secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, lo que ha provocado la disparidad de criterios entre unas y otras.

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