Todos los partidos catalanes -CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP- menos PP y C's han cerrado en el Parlament un acuerdo sobre el texto que servirá como base para tramitar la nueva ley de consultas populares.
Esta ley regulará las consultas no refrendarias y también otros mecanismos de participación ciudadana, y su aprobación figura en el pacto que CiU y ERC acordaron en diciembre y que permitió a Artur Mas ser proclamado presidente de la Generalitat.
Entre los grupos hay diversidad de opiniones sobre el alcance de la futura norma: ERC cree que permitiría convocar una consulta de autodeterminación, mientras que el PSC recalca que sólo la avala en aspectos que son de competencia de la Generalitat.
"Una consulta sobre el 'derecho a decidir' debe hacerse acordada con el Estado" y no amparándose en esta ley, ha señalado el diputado del PSC, Ferran Pedret, mientras que Gemma Calvet (ERC) ha asegurado que la norma sí que la ampararía.
Santi Rodríguez (PP) ha explicado que el partido está estudiando si presenta una enmienda a la totalidad, y ha lamentado que en el redactado no se diga explícitamente que el Govern puede convocar consultas sobre las competencias que le son "propias".
Josep Rull (CiU) ha argumentado que las bases de la ley nacen con un gran consenso, algo que era primordial para la federación, que desea una norma "invulnerable jurídicamente" y muy sólida.
Desde ICV-EUiA, Dolors Camats ha expresado su satisfacción porque la ley supone "un paso más" hacia la participación ciudadana, y ha celebrado que se incluyan algunas de sus demandas, como la participación a partir de los 16 años y que el presidente de la Generalitat no pueda vetar una consulta.
Quim Arrufat (CUP) ha dicho que una consulta de autodeterminación únicamente puede convocarse "desde la desobediencia al Estado español" y que la norma no daría cobertura legal al 'derecho a decidir'.
Siguientes pasos
La ley podría ser aprobada entre cuatro y cinco meses, y ahora inicia sus tramitación: este martes han finalizado los trabajos en ponencia conjunta, y en la próxima Junta de Portavoces ---cuya nueva reunión se prevé para la próxima semana-- deberá abrir el plazo para que los grupos presenten enmienda a la totalidad y luego el pleno admita su tramitación.
Si es admitida a trámite, el texto llegará a la Comisión de Asuntos Institucionales, donde se deberá decidir si se hacen nuevas comparecencias y los grupos podrán presentar enmiendas, y finalmente llegará al pleno para su aprobación definitiva.
