El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido imputar a un total de ocho personas, que tendrán que declarar el 4 de octubre ante el juez, acusadas de convocar la protesta que incita a rodear el Contreso este martes.
Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que el magistrado ha adoptado esta decisión después de que los Juzgados de Instrucción de Madrid se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional para que investigue una denuncia presentada por estos hechos ya que este tribunal es el competente para instruir ese tipo de delitos.
Uno de los imputados ha sido Juan López de Uralde, secretario general y miembro de la comisión gestora de Equo, que ha colgado una imagen en su cuenta de Twitter con la citación. Según ha explicado, rechaza rotundamente la actuación judicial, "Condeno sin paliativos esta acción intimidatoria y represiva", ha expresado.
Con la intención de apoyar la iniciativa y rechazar la represión se ha puesto en marcha en las redes sociales una campaña de movilización con los lemas #yotambiensoypromotor25S y #25S.
Las mismas fuentes judiciales han detallado que la denuncia se basa en el artículo 494 del Código Penal, que se refiere a " los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".
Ese delito está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. Por el momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de este tribunal solo ha imputado a las ocho personas que se han identificado, aunque están investigando a más.
Según informa la coordinadora 25S, estas citaciones judiciales están llegando a las personas que han participado en asambleas relacionadas con la convocatoria de protesta del próximo martes. "Todas las personas que han tenido la intención de informarse, incluido el ministerio de Interior, han podido saber que no pretendemos imponer ninguna alteración violenta del funcionamiento del Congreso, sino recuperar la democracia del secuestro económico que la mayoría de los partidos ha consentido", explica la coordinadora.
Subraya que en las asambleas se ha consensuado que será una "acción no violenta" y que "no se impedirá el paso de diputados", sino que "se llegará hasta donde lo permita la barrera policial". Recuerdan que durante el próximo fin de semana seguirán celebrando asambleas, pero advierten del "riesgo" que supone asistir a las mismas, además de insistir en que la intención de la Delegación del Gobierno es "criminalizar" sus reivindicaciones.
