En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de Gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, cuatro de los cuales se situaron en torno a los 4 grados en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.
La Fiscalía acordó entonces incoar diligencias de investigación penal para esclarecer los múltiples terremotos. Según han informado hoy fuentes de la Fiscalía de Castellón en un comunicado, una vez finalizados los trámites que se han llevado a cabo en la citada investigación, la Fiscalía General del Estado ha dado el visto bueno y se va a proceder a interponer la denuncia ante los juzgados de Vinaròs.
Por "delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente"
La denuncia se presentará contra los responsables del Instituto Geológico y Minero y de los ministerios de Medio Ambiente y de Industria que "intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación" del proyecto Castor, según fuentes de la Fiscalía.
Asimismo, se presentará denuncia contra la mercantil Escal UGS (la empresa que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos) por "delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".
Desde el 13 de septiembre hasta finales de ese mes se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia (la mayoría de baja magnitud), en el entorno de la planta de extracción de gas.
Esto generó gran intranquilidad en la población y el Ministerio de Industria ordenó paralizar la actividad de manera temporal hasta esclarecer la causa de los seísmos.
A principios de octubre de 2013 la Fiscalía de Castellón inició de oficio la investigación para tratar de averiguar si existían responsabilidades penales en los hechos.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) elaboraron sendos informes que determinaron que la actividad de inyección de la planta estaba directamente relacionada con los seísmos que se produjeron.
En octubre de 2014, el Consejo de Ministros materializó el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la cual estaba fijada en una cláusula del contrato que firmó el Gobierno con la empresa en 2008.
El pago se hizo efectivo después de que el Gobierno intentara a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo, aunque el Alto Tribunal ratificó la validez de la misma.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha anunciado que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por el pago de la indemnización al Castor, la cual considera "injusta".
Para Puig, el Gobierno central ha actuado con "nocturnidad y alevosía" al aprobar la indemnización con una "velocidad sospechosa y por decreto, como si lo prioritario fuera indemnizar a la empresa y lo secundario, salvaguardar el interés público".
