La Comisión de Justicia del Congreso debate hoy la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la instrucción judicial a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas, que podrán ser prorrogables a petición de la Fiscalía, una medida que cuenta con el rechazo de toda la oposición.
Al respecto, toda la oposición parlamentaria reclama que el Ministerio Público no tenga la potestad exclusiva para pedir al juez la prórroga de la instrucción judicial, como establece esta reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
En las enmiendas presentadas a los dos proyectos de reforma de la LECrim, PSOE y la Izquierda Plural piden derogar el apartado que fija límites en la instrucción y, también la posibilidad de que el fiscal tenga en su mano la ampliación de los plazos.
UPyD, PNV y CiU se oponen a que el fiscal sea la única parte que pueda pedir los plazos de instrucción. Así, los socialistas aseguran que el texto "impone una serie de plazos, prórrogas y trámites que carecen de utilidad y sólo sirven para complicar y enturbiar el proceso, ya que lógicamente el incumplimiento de tales plazos no puede derivar en una especie de caducidad del proceso penal, ni nulidad del mismo, a favor de los delincuentes mejor organizados".
Igualmente, el Grupo Vasco rechaza la introducción del plazo de seis meses para las causas ordinarias -no así el de 18 meses- porque "supone vulnerar la discrecionalidad y el buen sentido de los jueces de instrucción que no deben ser obligados por un plazo temporal que degrade la calidad de las diligencias que deben instruir", mientras que la Izquierda Plural tacha de "absurdo" este supuesto.
En consecuencia, PSOE, Izquierda Plural y PNV se oponen al modelo que atribuye a la Fiscalía la potestad para prorrogar o no la investigación, que para UPyD debe incluir también a las defensas y las acusaciones, mientras que CiU añade a éstas últimas que la ampliación pueda ser acordada de oficio por el juez instructor. Asimismo, el Grupo Catalán, UPyD y la Izquierda Plural reclaman eliminar el supuesto que permite a
Interior ordenar escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, para investigar delitos terroristas o relacionados con bandas armadas. Por otra parte, la Comisión abordará también la reforma del Registro Civil, a la que el PP ha presentado varias enmiendas para derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles, y ampliar hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros.
