El Consejo General del Poder Judicial ha querido dejar claro que afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación "muy grave" de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial y "ataca frontalmente al modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley".
La Comisión Permanente del organismo, reunida este sábado en una sesión extraordinaria, ha querido responder así al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, tras las declaraciones de este en las que denunciaba la situación de los diputados "presos y exiliados" del exgovern.
El discurso de Torrent de este viernes en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) provocó la protesta de varios asistentes, incluido el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el fiscal jefe de Cataluña, Francisco Bañeres, y la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, que abandonaron el acto. No obstante, el político se ha reafirmado en su cuenta de Facebook. "La libertad de expresión debe ser válida para todo el mundo. Y eso incluye, evidentemente, aquellos que quieran expresar su desacuerdo con mis palabras abandonando el acto. La libertad de expresión se defiende cuando se ven y oyen cosas que no gustan", ha argumentado en la red social.
Ante esto, el CGPJ apela a la "responsabilidad" y al "respeto institucional en un Estado de Derecho" y recuerda tanto a las instituciones como a la sociedad que actúa desde la más "absoluta independencia". "Al CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, no le compete hacer valoraciones políticas, pero sí defender los valores que conforman el Estado de Derecho. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia. Los jueces y magistrados en España cumplen con su misión constitucional de garantizar el imperio de la Ley y el respeto al Estado de Derecho", añade en la nota.
Por otro lado, resalta que las situaciones de prisión provisional son consecuencia de decisiones judiciales motivadas y adoptadas en el curso de un proceso con "todas las garantías", y en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional.
Además, destaca que se sustentan "exclusivamente" en la ley y no en mandatos ajenos a esta. Así, reitera que afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación "muy grave" de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial.
