El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, toma las riendas de la presidencia de la Generalitat y del PP de la Comunitat Valenciana, tras la dimisión de Francisco Camps por su relación con el caso Gürtel, y lo hace con el beneplácito de la dirección nacional de su partido.
Este arquitecto técnico de 47 años, casado y con dos hijos, siempre ha sonado entre los favoritos en las quinielas para suceder a Camps desde que se le imputó un delito de cohecho pasivo impropio por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel, precisamente porque no tiene ningún tipo de relación con este asunto.
Génova ve un valor en alza en este afiliado al PP desde 1982, aunque fue en 2005 cuando dio el salto a la primera línea al convertirse en alcalde de Castellón de la Plana y posteriormente acceder a la dirección del partido como coordinador general, cuando Camps la remodeló tras la salida de Ricardo Costa.
Fabra también es diputado autonómico desde la pasada legislatura, condición indispensable para poder ser designado president de la Generalitat, y cuenta con el apoyo de uno de los grandes barones del partido, el presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra.
Aunque nunca ha eludido hacer una defensa cerrada de Camps desde su imputación, no ha tenido problemas en admitir que las sospechas de corrupción que recaen sobre algunos dirigentes de su partido podían causar "desconfianza" en el electorado.
En una entrevista defendía que "los ciudadanos deben entender" que "no todos" los políticos son iguales, sino personas que "de forma vocacional" y con la mejor voluntad, intentan en cada momento comprometerse con los ciudadanos "para poder mejorar su calidad de vida".
La llegada de este castellonense a la Generalitat da un mayor peso específico a esta provincia en el Gobierno valenciano, algo de lo que, según denunciaban algunas voces críticas dentro del partido, adolecía el actual Consell de Camps, de la que la única representante era la titular de Infraestructuras y Transporte, Isabel Bonig, exalcaldesa de la Vall d'Uixò.
