La juez Mercedes Alaya ha levantado el secreto de sumario de la Operación Madeja, cuyo eje asegura que es la empresa Fitonovo, con sede en Sevilla y a la que define como una "organización criminal" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.
En uno de los autos contenidos en los 21 tomos del sumario, la juez de Instrucción 6 de Sevilla precisa que el dueño de la empresa, Rafael González Palomo, su hijo, un adjunto a la dirección y el comercial Juan Andrés Bruguera, el único que queda preso en esta causa, formaban "la dirección de una organización criminal".
Para contratar con las administraciones de todo el país, actividad que comenzó en 1995, "acudían habitualmente a prácticas de corrupción", dando comisiones ilegales o regalos para lograr las adjudicaciones, haciendo menos trabajos de los facturados o acudiendo a "prácticas de corrupción del propio mercado".
Los regalos eran muy variables, desde el más bajo, una noche de hotel por 81 euros, hasta comisiones periódicas que sumaron un millón de euros, pasando por material informático, móviles, caviar, viajes o incluso un equipo de lavado a presión, obras en viviendas particulares o la limpieza de un piso por 220 euros.
Las administraciones en las que extendió su actividad Fitonovo incluye al Ayuntamiento de Sevilla, donde supuestamente entregó "mordidas", cuando gobernaban en coalición, al PSOE e IU -dos de cuyos últimos portavoces han dimitido- y a un exdirector general puesto por el PP, que fue cesado en el 2013 cuando se descubrió su implicación.
Otros políticos afectados por la red criminal fueron dos exalcaldes de Algeciras (Cádiz), ambos del PSOE, y el regidor y un concejal de La Carolina (Jaén), del PP. El resto de personas a las que pagaron comisiones fueron técnicos de la Junta de Andalucía, de la Junta de Extremadura, de la diputaciones de Sevilla, Jaén y Córdoba, y técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) de Córdoba, Sevilla, Jaén, Zaragoza y Barcelona.
La red se extendió al Cabildo de Lanzarote, al de Las Palmas y al Gobierno de Canarias, así como a funcionarios del Ministerio de Fomento en Jaén, Cádiz y Huelva. Para conseguir sus propósitos, los jefes de la red actuaban en contratos restringidos, en los que, en connivencia con funcionarios, había una "concurrencia ficticia" de empresas instrumentales de Fitonovo.
En las licitaciones abiertas, señala la juez, los acusados acudían a diferentes métodos, como la información privilegiada obtenida a través de un funcionario corrupto, ofreciendo ofertas falsas en connivencia con el funcionario encargado de supervisar la ejecución del contrato o alterando el precio de concursos y subastas.
También creaban uniones de empresas falsas o llegaban a acuerdos con firmas competidoras para repartirse el mercado, resume la juez, que ha recibido de la Guardia Civil cuadros con infografía para entender la actividad de la empresa.
Todo ello se hacía con un control "exhaustivo y exquisito" de los sobornos mediante fondos de la caja B de la empresa, que obligó a crear un "importante engranaje" en la organización y que incluía recibos firmados cada vez que se sacaba dinero de esa caja. Fitonovo también acudía a una red de "empresas factureras" para emitir facturas falsas por los importes necesarios para pagar las comisiones.
