La vicepresidenta del Gobierno acusa al PP: "Esto es un atentado gravísimo contra nuestra democracia"

María Jesús Montero atiende las preguntas de Susanna Griso a propósito de la negociación con Junts. La vicepresidenta comienza defendiendo la normalidad de los encuentros que mantienen el Partido Socialista con el partido independentista catalán. "Se piensa que las reuniones que hacemos con Junts se hacen bajo secreto o no son transparentes, y todo lo contrario, son reuniones naturales que forman parte del proceso de diálogo, y cuando dan lugar a conclusiones, se comunican".

Sobre los posibles acuerdos alcanzados, Montero asegura que "no todas las rumiones que mantenemos con los grupos políticos, desgraciadamente, dan como conclusión un acuerdo ni un pacto".

Sí menciona la ministra los temas abordados durante las reuniones: "En materia de inmigración, aumento de las pensiones según el IPC, que se mantuviera la rebaja de la factura de la luz, y todas las medidas que ustedes conocen". Lo que sí especifica la socialista que se habría acordado es establecer una "delegación de competencia que se va a concretar en una Ley Orgánica, que requiere una mayoría cualificada en el Congreso".

¿Compatible con la Constitución y el Estatuto?

Como habrían apuntado ya desde el Partido Socialista, y recuerda Susanna , la expulsión de inmigrantes delincuentes reincidentes no tendría cabida dentro dela Constitución yel Estatuto de Autonomía actuales, y lo vendría a confirmar Montero con un escueto "correcto".

Ante lo limitado que estaría, por las normas actuales, el delegar la gestión integral de competencias en inmigración, y las pretensiones de Junts de asumir toda la responsabilidad, la ministra declara ser consciente que la aspiración de los independentistas sería "abordar todo lo que tiene que ver con una materia" y lo situaría "dentro de la lógica política". Al mismo tiempo Mª Jesús Montero destaca lo siguiente:

"El Gobierno de España, en control de fronteras y en todo aquello que tiene que ver con el derecho comunitario, tiene que estar enmarcado en el Pacto migratorio".

La vicepresidenta asegura que los cambios que se realicen "serán siempre desde la perspectiva de hacerlo mejor, y que permita la descentralización de algunas competencias que seguirán siendo de titularidad estatal, pero que se pueden beneficiar de que las lleven a cabo las CCAA".

Dudas de la constitucionalidad de la amnistía

El último informe de los letrados del Congreso de los Diputados arrojaría que 5 de los 16 puntos podrían no ser compatibles totalmente con la Constitución. Sobre si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, habría ocultado dicho informe de los abogados durante 6 días, la vicepresidenta afirma: "No me consta", y añade que corresponde al Tribunal Constitucional dirimir la constitucionalidad o no de la recién aprobada Ley de Amnistía.

Montero se muestra confiada respecto al veredicto, así como de que seguirá su proceso legal y superará las enmiendas que se presenten, pese a la recomendación de los letrados de que debería presentarse a través de una reforma de la propia Constitución.

Deslegitimación y atentado contra la democracia

Respecto a las declaraciones públicas de las últimas horas de distintos representantes del Partido Popular, la ministra de Hacienda acusa a los Populares de llevara a cabo una "estrategia de deslegitimación de todas las instituciones cuyas resoluciones consideran fuera de su órbita" Montero entiende esas palabras como un "atentado contra nuestra arquitectura democrática" por parte del PP y hace alusión a las "graves" afirmaciones de los populares sobre que la soberanía haría pasado del Congreso al Senado, por las obras que se están llevando a cabo en el hemiciclo, y "claro que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados", sentencia.

Optimista y segura

Montero expresa optimismo respecto a alcanzar los acuerdos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. También defiende las medidas tomadas recientemente en beneficio de "las rentas más vulnerables", afirmando que entrarán pronto en vigor.

Finalmente la vicepresidenta hace un llamamiento en favor del respeto a las instituciones para garantizar la calidad y limpieza democrática, criticando las "actuaciones en época de gobierno del PP", que estamos conociendo estos días sobre la utilización "de los resortes del Estado para el interés partidista, y esto es gravísimo", terminando por exigir que el PP rinda cuentas por lo que define como un "atentado gravísimo contra nuestra democracia".

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