España vaciada
Las tres provincias más despobladas de España podrán contratar con deducciones de hasta el 20% por trabajador
Los empresarios de la España vaciada aseguran que las ayudas del Gobierno son menores de lo que permite Europa
Publicidad
Es la estrella de la hostelería a la hora del aperitivo soriano, y Samuel regenta una de las mayores fábricas de torreznos en la capital. Es el ejemplo claro de una mediana empresa con potencial para crecer. Por eso ya planean la mudanza a Garray, una localidad a ocho kilómetros de la capital y que cumple uno de los requisitos para acogerse a las ventajas fiscales más altas de las planeadas por el Gobierno para facilitar la contratación en la “España vaciada”: tener menos de mil habitantes. Sobre el papel, podrá beneficiarse de una deducción del 20% a la hora de contratar a cada nuevo trabajador indefinido… ¿le compensa?
Samuel se muestra escéptico. Asegura que sólo se beneficiará de esa ayuda por cada nuevo trabajador. Además, dice, ese descuento es del 20 % en los gastos derivados de la Seguridad Social, no en el total del coste del trabajador. “Europa permitiría el 20 por ciento del total de costes de personal… por lo que nos quedamos muy cortos”, afirma.
Soria, Teruel y Cuenca suman el 1% de la población total de España
El plan de incentivos está dirigido a estas tres provincias. En el caso de las localidades con menos de 1.000 habitantes, la ayuda será del 20%, pero en el resto de localidades de estas tres provincias, el beneficio será únicamente del 5%. ¿Es suficiente para evitar la despoblación y la fuga de empresas de la España más vacía?
Jesús tiene una granja avícola sostenible en Aldealafuente, una localidad Soriana con 80 habitantes según el censo. Lamenta que las ayudas no están dirigidas al sector agrario y ganadero, al que pertenece su empresa y uno de los más potentes en la región. En su opinión, la medida tiene un lado bueno y otro no tanto. Lo positivo es que por fin se ha reconocido que estas tres provincias corren un riesgo real de quedar vacías y sin tejido empresarial. Lo negativo… que resulta insuficiente. Hace un cálculo revelador: cada empleado le cuesta 2.000 euros. Si pudiera adoptar ese incentivo fiscal, le supondría unos 1.900. “No me compensaría”, concluye tajante.
Publicidad
