Okupas

El caso del okupa con "corbata" y los dos años de "calvario" para desalojarle

Así han logrado Manoli y sus hermanas recuperar por la vía legal su vivienda okupada, un viacrucis que les ha llevado dos años.

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Manoli López y sus hermanas ejemplifican el viacrucis que supone para los propietarios particulares recuperar una casa okupada siguiendo la senda legal. Su inquilino dejó de pagar a los pocos meses de firmar el contrato por arrendar un piso de algo más de 100 metros cuadrados en un municipio próximo a una gran ciudad española. Es un hombre que presentó los avales necesarios para asumir el alquiler, de acuerdo con el relato de las propietarias afectadas.

Primero convenció a la agencia intermediaria, cuya tarea esencial consiste en minimizar estos riesgos. "Nos llamaron para que le conociéramos", explican desde la familia. Estamos ante un okupa "con corbata", con un empleo razonable, casado y con vida rastreable a través de las redes sociales. Nada hacía sospechar, ni a la agencia ni a las hermanas López, que apenas cumpliría con dos meses de obligaciones. El pago de la tercera renta nunca llegó a producirse.

"Hablamos con él por teléfono varias veces e incluso le rebajamos el alquiler en 100 euros al mes". La situación quedó lejos de normalizarse a pesar de un recorte equivalente al 15 por ciento. "Dejó de contestarnos el teléfono". Manoli y sus hermanas activaron la vía judicial para lograr el desalojo de un nuevo caso de okupación "por morosidad", como se conoce esta práctica en la jerga legal. Empezó así un suplicio de dos años.

No se presentó a la primera vista. Tampoco a la segunda. Con esa actitud, el okupa "con corbata" dilató la situación unos 18 meses. Tres juicios después, en noviembre de 2022, fue declarado en rebeldía. Las hojas del calendario continuaron cayendo y hasta marzo no se firmó la orden de desalojo. El juzgado que vio la causa es uno "de los más saturados de España", según los abogados de la familia López. Las recientes huelgas en la justicia también lastraron los intereses de las propietarias.

Con la orden judicial consignada, la policía judicial necesitó, incluso, dos intervenciones –espaciadas por los correspondientes plazos legales— para devolver el piso, heredado, a sus dueñas. El inquilino fallido sabía perfectamente que debía evitar a los secretarios judiciales y, por supuesto, no recoger ninguna papeleta del juzgado. Algunos vecinos de la comunidad aseguran que presumía de conocer los huecos legales que le permiten vivir así. "Lo que pasa es que sois tontos", presumía el ya desalojado según el relato de los testigos.

Las dueñas encontraron un piso lleno de suciedad

El segundo intento de la policía por recuperar el inmueble tuvo éxito. Pero las dueñas encontraron un piso lleno de suciedad y previamente saqueado. "Se llevó todo lo que pudo, incluso objetos de valor sentimental", que pertenecían a la madre de las hermanas López. Para que el inmueble fuera habitable de nuevo, contrataron a una empresa profesional de limpieza y a unos lampistas. El monto total fue de unos 3.000 euros.

Las hermanas López ilustran que la okupación, tanto por portazo como por morosidad, no es ajena a familias que heredan de sus padres o que logran comprar una segunda residencia con los ahorros de su vida, invirtiéndolos y pasando sus vacaciones a la vez. "Es raro el día que no acudimos a un desalojo" de este tipo, según el testimonio de un policía judicial. "La mayoría de las veces el piso ya está vacío o si hay alguien, no opone resistencia", describe el agente bajo condición de anonimato.

"En España no debemos perder de vista que la vivienda, además, de ser una manera de invertir los ahorros familiares tiene un componente social", señaló el viernes el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, en Espejo Público. "Ese rasgo social no sólo se está perdiendo, sino que se hace negocio con la okupación", lamentó.

Las hermanas apostaron por la vía judicial

Por ejemplo, una empresa de "desokupación exprés" se ofreció a la familia López. Las hermanas decidieron, sin embargo, seguir la recomendación de los abogados y apostar por la vía judicial. Lo contrario podría haber alimentado la defensa del okupa con posibles denuncias por allanamiento y coacción. "El único problema de hacerlo bien es que la justicia es muy lenta y, mientras tanto, hemos vivido un calvario".

Para el hombre desalojado, el asunto no está zanjado. Manoli y sus hermanas contrataron un seguro de alquiler que se encargó de las costas judiciales. Ahora continuará el proceso para lograr que se embargue al moroso hasta cubrir los importes que debe –dos años de alquiler, desperfectos y honorarios, entre otros—.

Este tipo de pólizas creció un 15 por ciento anual hasta febrero, de acuerdo con el Observatorio Español del Seguro de Alquiler. La incertidumbre que inoculó al mercado la ley de vivienda –percibida como tolerante con la okupación— aceleró la comercialización de estos productos.

La familia López decidió retirar el piso del mercado del alquiler, en un gesto que, gregariamente, explica parte de la tensión de precios que se vive en España. “No entendemos –señalan desde la familia— por qué no se elabora un registro único en España” que ayude a los dueños a saber con quién firman un alquiler.

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