El Tribunal Supremo ha confirmado que el histórico dirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', permanecerá en la cárcel hasta el 24 de septiembre de 2025 y ha rechazado descontar de su condena el plazo de cinco años que estuvo en prisión preventiva en Francia esperando su extradición.
El antiguo responsable de comandos de ETA, a quien la Audiencia Nacional aplicó la 'doctrina Parot', solicitaba que fuera abonada en su liquidación de condena el periodo de prisión preventiva que permaneció en las cárceles francesas desde el 4 de julio de 1990 hasta el 3 de octubre de 1995.
En ese tiempo, simultaneó el cumplimiento de una condena impuesta por las autoridades galas con la prisión preventiva a raíz de la petición de extradición de España.
Tras aludir a la incompatibilidad de recurrir en súplica y en casación, los magistrados del Supremo aseveran que la situación del preso se regía por la normativa francesa y añade que el abono de la prisión preventiva padecida cuando se estaba cumpliendo otra pena "se hará bien para reducir el cumplimiento de la condena que recayó en esa causa, pero no para descontarlo del máximo de cumplimiento fijado".
"Las penas solo quedarán extinguidas cuando se llegue al máximo temporal de cumplimiento. Pero para contar ese máximo no se tiene en cuenta más que el tiempo efectivo de estancia en prisión y no la ficción del doble cómputo", señala la sentencia, para concluir que cualquier otra interpretación llegaría al "absurdo" de que los presos con delitos más graves permanecieran menos tiempo en prisión.
Atentado en el Hipercor y Plaza República Dominicana
Las condenas más graves que pesan contra Santiago Arrospide se produjeron por haber ordenado atentados como el de Hipercor, donde murieron 21 personas, o el cometido por el comando Madrid que lideraba Iñaki de Juana Chaos en la Plaza de República Dominicana de la capital y en el que murieron 12 personas.
'Santi Potros', detenido en 1987 en Francia, se benefició de la política de acercamientos a cárceles del País Vasco emprendida por el Ministerio del Interior a finales de 2008. Fue trasladado a la cárcel de Zuera, en Zaragoza, en 2009 tras mostrar su desacuerdo con la banda y posicionarse a favor del final de la lucha armada cuando estaba recluido en Puerto I, en Cádiz.
