Primera denuncia contra el consejero de Educación de la Generalitat por no aplicar la sentencia del 25% del castellano

El desacato con el que la Generalitat ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de impartir en castellano el 25% de las asignatura empieza a atener las primeras consecuencias legales.

El presidente del Govern de Cataluña, Pere Aragonès, ya avisó de que no cumpliría con la sentencia, fallada la semana pasada. En los mismos términos se expresó el consejo de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, quien, de hecho, pidió por carta a todos los centros educativos de la comunidad que no cumpliesen con el fallo del TS.

De acuerdo al Código Penal, tanto el propio Gonzàlez-Cambray como los directores de los colegios pueden ser inhabilitados en caso de no aplicar la sentencia del Supremo.

"Instrucciones abusivas"

En la denuncia, interpuesta por la plataforma 'Hablamos Español', se afirma que el consejero pudo cometer un presunto delito de prevaricación al informar a los centros de que no tenían que "hacer ningún cambio". Se trata, aseguran los denunciantes, de "instrucciones abusivas".

"No cabe mayor prevaricación que quien ocupa las más altas instancias administrativas llame a pisotear al Poder Judicial. Con ello violenta derechos constitucionales y discrimina por razón de lengua", indicó la plataforma en Twitter.

Pacto Nacional por la Lengua

Mientras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció el viernes que a principios de año convocará el Pacto Nacional por la Lengua a fin de buscar el máximo consenso en torno a la normalización del catalán en ámbitos como la educación o los medios audiovisuales, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el uso de esta lengua en las escuelas.

Aragonès se refirió a la cuestión de la lengua en una rueda de prensa realizada en el campus Poble Nou de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, y en la que sólo podían participar estudiantes.