Cataluña
La justicia catalana lleva al Constitucional la nueva ley lingüística tras excluir al castellano como vehicular
El TSJC considera que el modelo lingüístico de Cataluña vulnera el Estatut de Autonomía y acusa al Parlament y al Govern de "bloquear" la aplicación de la sentencia del 25% del castellano.
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley lingüística catalana aprobada en el Parlament al considerar que excluye el castellano como vehicular.
El alto tribunal ha advertido que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Constitución. Por esta razón, ha resuelto plantear una cuestión de inconstitucionalidad, en referencia a la sentencia del 25% del castellano en los colegios, "por infracción del artículo 3 de la Constitución".
No es la primera vez que el TSJC observa "vicios de inconstitucionalidad" en la normativa lingüística catalana. A principios de julio el órgano del poder judicial explicó que debido a la imposibilidad de ejecutar la sentencia, resultaba obligado "plantear la cuestión ante el TC". "Es incompatible con los parámetros sobre el modelo de conjunción lingüística tomados en consideración en la reiterada interpretación conforme a la Constitución", detalló el tribunal.
Apoyo del Gobierno central
Ayer, el Gobierno mostró su respaldo a la ley que elimina el 25% de castellano en las aulas y se comprometió a "impulsar y proteger la lengua catalana". El Ejecutivo central y la Generalitat catalana acordaron así "desjudicializar la política" durante la mesa de diálogo con delegaciones de ambos gobiernos.
En este contexto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, hizo referencia al "reconocimiento de la diversidad lingüística de España y la necesidad de que esa diversidad sea vista como una riqueza", y añadió que "el catalán es una lengua española".
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Tras ello, la Asamblea por una Escuela Bilingüe(AEB) advirtió que "las normativas aprobadas establecen un régimen dirigido a hacer ineficaz la sentencia y a relegar a la condición de lengua residual al castellano en la educación", y solicitó al Gobierno, que es "al que le corresponde denunciar la inconstitucionalidad de estas normas", la impugnación ante el Constitucional y la suspensión inmediata.
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