Suceso
Las imágenes de los destrozos de la borrasca Laurence a su paso por Jarandilla: coches boca abajo y varias personas rescatadas
La rotura de una balsa ha provocado la salida descontrolada de unos 310 metros cúbicos de agua y ha generado una riada en parte de la población.
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Caos en Jarandilla de la Vera, Cáceres. El desbordamiento de la balsa de riego del Charco de la Maricana ha provocado la salida descontrolada de unos 310 metros cúbicos de agua que ha generado una riada en parte de la población, el corte de una carretera, y la evacuación de dos personas que quedaron aisladas en su vivienda,sin que, afortunadamente, se hayan producido daños personales.
A consecuencia de la rotura, la carretera EX-119, que une Navalmoral de la Mata y Jarandilla, se encuentra cortada al tráfico a la entrada del municipio.
Según han informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura y la Guardia Civil, el desbordamiento ha ocurrido sobre las 5:15 horas de esta madrugada de lunes.
Actualmente se encuentran trabajando en el suceso varias dotaciones de bomberos, mientras la región está en alerta amarilla por intensas precipitaciones.
Se ha pedido a los vecinos extremar la precaución.
Revisiones y servicios
Tras los hechos, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha comparecido ante los medios tras la reunión mantenida en el ayuntamiento de la localidad y ha explicado que las revisiones y la seguridad de la presa, que abastecía únicamente a regantes, competen a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Según un técnico de este organismo, la última se hizo en septiembre de 2022.
Siguiendo su explicación, el político también ha señalado que la estructura de la presa tiene más de mil parches, al menos desde 2012, y que todavía la Junta no tiene la información oficial de la Confederación sobre su estado o sobre las causas de lo ocurrido, si la rotura parcial se ha debido al estado de la estructura o a la cantidad de agua que acumulaba.
La presa sirve para el riego de unas 360 hectáreas de tabaco y pimiento y la rotura, que el consejero ha calificado de parcial, afecta a unas 120 familias.
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