España deja escapar a algunos de los mejores científicos de Europa por un tercio de lo que cobra un concejal en Madrid

La semana pasada, ocupó un espacio destacado en casi todos los medios de España que a Diego Martínez Santos, un investigador español que acababa de recibir el premio de la Sociedad Europea de Física al mejor joven físico de partículas del año, le habían denegado un contrato del programa Ramón y Cajal, creado para recuperar cerebros del extranjero.

Martínez Santos, que trabaja en Ámsterdam, no es el único físico que no ha logrado una de esas ayudas y, posiblemente, ni siquiera el que tiene mejor curriculum de los que se han quedado fuera.

El Gobierno español no puede ofrecer un contrato a jóvenes como Jonay González, un investigador del Instituto Astrofísico de Canarias que, con 33 años, ya ha liderado un trabajo que fue portada de Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo. Tampoco tiene capacidad para retener el talento del físico alemán del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC/UIB) de Palma de Mallorca Daniel Brunner, que con 31, ya ha publicado en la propia Nature, en Science y en Physical Review Letters.

Científicos a los que se evaluaba como mediocres tenían la misma puntuación que otros con reconocimiento apreciable

Y lo mismo sucede con Marian Tórtola, del Instituto de Física Corpuscular (CSIC/UV) de Valencia, que recibió en 2009 el premio a la mejor investigadora novel en la modalidad de Física Teórica por la Real Sociedad Española de Física (RSEF) y la Fundación BBVA, y forma parte del consejo editorial de una de las mejores revistas científicas de su campo, entre otros méritos. Y estos son solo algunos casos.

Ninguno de ellos ha logrado uno de los 175 contratos que ofrece el programa Ramón y Cajal, creado para atraer a cerebros fugados y retener el talento científico que ya está en España.

Si lo hubiesen conseguido, el Gobierno tendría que proporcionar a estos científicos de categoría mundial un sueldo de 33.720 euros anuales, aproximadamente un tercio de lo que cobra, por ejemplo, un concejal del Ayuntamiento de Madrid.

A esa cifra habría que añadir 40.000 euros para cubrir durante cuatro años los gastos relacionados con el desarrollo de su investigación y 100.000 más para ayudar a crear para ellos un puesto de trabajo en el centro de investigación o la universidad correspondiente al final de su contrato.

En total, el programa, que dura cinco años, tiene un coste de 54 millones de euros, mucho menos, por ponerlo en contexto, que los 68,7 millones de euros que recibió solo José Ignacio Goirigolzarri cuando abandonó su puesto de consejero delegado en el BBVA o los 88,1 que se embolsó su homólogo en el Santander, Alfredo Sáenz.

Descontento con la evaluación
El programa Ramón y Cajal ha visto reducido su número de plazas desde las 800 con que arrancó en el 2000, hasta las 175 que se han convocado para este año y que quedarían en 400 si se le suma el programa Juan de la Cierva, una escisión del Ramón y Cajal original, peor dotada, para investigadores con menos experiencia.

A las dificultades por la reducción de plazas, el descontento entre quienes no han logrado ser seleccionados, en particular en el campo de la física, se ha agravado este año por la forma en que se ha explicado la decisión.

Desde la Administración se justifica la falta de precisión con la necesidad de no retrasar las convocatorias

La evaluación se ha realizado en dos partes: cuatro apartados en los que evaluadores externos valoraban las aportaciones científicas del candidato y su participación en centros y proyectos internacionales y un quinto, valorado por un comité en el que se incluían miembros del Ministerio de Economía y Competitividad, en el que se tenía en cuenta el potencial de liderazgo y la relevancia internacional del investigador.

Varios investigadores de gran nivel, como los mencionados antes, lograron puntuaciones por encima del 90% en los cuatro primeros apartados. Sin embargo, todos ellos suspendieron en el quinto, donde solo obtuvieron 9,9 puntos sobre 20.

Esa llamativa coincidencia, décima incluida, no se corresponde además con la explicación que ofrecen los evaluadores para justificarla. En el caso de Martínez Santos, por ejemplo, se afirma que “el solicitante ha alcanzado en su campo un nivel de relevancia internacional algo menor que el de investigadores de edades similares a la suya”.

El físico español merece, en opinión de los evaluadores, una puntuación idéntica a la que recibe Brunner, al que sin embargo se valora mucho mejor diciendo que, dada su edad, “el candidato disfruta de un reconocimiento apreciable por parte de la comunidad investigadora”.

A Jonay González, que tiene una puntuación global aún superior a la de Brunner, se le valora en términos menos entusiastas afirmando que “el solicitante ha alcanzado en su campo un nivel de relevancia internacional comparable al de investigadores de edades similares a la suya”.

El comité responsable del último punto de la evaluación, en el que hay representantes de la Secretaría de Estado de I+D+i, contraviene los mismos mandatos que ofrece a los evaluadores, donde se afirma que "el informe debe ser claro, estar bien argumentado y ser coherente con la puntuación".

Esta ambigüedad ha dejado una sensación de estupor en investigadores como Brunner. “Es normal que si solicitas una beca tan competitiva, no siempre ganes, porque hay gente muy buena”, afirma. “Pero aunque no recibas la beca, puedes utilizar la evaluación para mejorar en el futuro”, añade. “A mí —continúa Brunner— en toda la evaluación me dicen que soy muy bueno, y en la última parte, también, pero después me quitan la mitad de los puntos. Leo eso y no sé qué mejorar, qué puedo  hacer el próximo año”, concluye.

Muchos de los que aspiran a estos contratos les dan veinte vueltas a miembros de tribunales en las universidades

Evaluación minuciosa, en parte
El director de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), Julio Bravo, responsable de la evaluación de los candidatos, explica cómo la criba de los aspirantes ya se produjo en los primeros cuatro apartados, realizada por una comisión de expertos en cada área específica.

Después, las valoraciones de los candidatos llegaron a un segundo comité,  la comisión multidisciplinar de Ciencias Básicas, en el que se reunieron evaluadores, que también lo habían sido en la primera fase, de física, matemáticas, química y ciencias de la tierra. Allí, se fijó la puntuación del último apartado y se otorgaron. Sin embargo, según cuenta Bravo, con las valoraciones de la primera fase ya se sabía quienes tenían posibilidades de lograr un contrato y quienes no.

Entre los primeros, se afinó en el escrutinio para decidir quiénes eran por fin los elegidos, pero no se dio tanta relevancia a la precisión en la evaluación de los que ya estaban descartados.

Bravo justifica la falta de la meticulosidad y las posibles incoherencias en la evaluación del quinto punto diciendo que esos candidatos no tenían ya posibilidades y que haber sido más minucioso con ellos habría alargado el proceso y retrasado la resolución, un problema que a largo plazo puede hacer desaparecer años de ayudas.

Un evaluador del área de física, que mantiene que “los que han obtenido los contratos son los mejores atendiendo a los criterios de la convocatoria”, reconoce que eso no justifica que el mismo dato se defienda con frases tan diversas y entiende el malestar de los investigadores.

El científico cree que estas incoherencias son fruto del “experimento” que se ha realizado este año al reunir en una última etapa disciplinas tan diversas que son muy difíciles de valorar con criterios homogéneos.

Otro experto que conoce bien el proceso afirma que el verdadero drama es la escasez de plazas para un programa que ofrece contratos a investigadores de un enorme nivel.

En su opinión, “muchos investigadores que aspiran a estos contratos les dan veinte vueltas a los miembros de tribunales en las universidades” y “no van a realizar trabajos que lo que hacen muchas veces es quitarle la vocación a los investigadores”, en referencia a otro tipo de becas. Bravo cree que “hasta el 50% de los investigadores que se presentan al Ramón y Cajal podrían tener una plaza en el CSIC, en universidades y dirigir proyectos”. Sin embargo, concluye, “las circunstancias del país son las que son”.